Video: Corrupción Al Día
Santa Marta está a punto de cumplir sus 500 años de historia en medio de la crítica situación por la extorsión, homicidios e inseguridad en general que se vive en los barrios populares.
Un fenómeno que ya expandió por toda la región caribe ha tocado las puertas de la bahía más linda de América, y lo hizo, al parecer, para quedarse –mientras las autoridades se hagan los de la vista gorda–.
Recompensas y anuncios que ya parecen más bien un libreto cantado, se han convertido en el «accionar» casi nulo que la Policía y las autoridades distritales han tomado para combatir la situcación desbordada.
Bandas criminales, encabezadas por el supuesto grupo “La Muerte”, han impuesto su ley. Extorsiones, peajes en los barrios populares y el constante temor a la violencia son la nueva normalidad para los samarios hacen parte del día a día.
La situación se tornó compleja desde el momento mismo que hombres encapuchados aparecieron en videos virales anunciando una «limpieza social».
Tres ejecuciones en menos de 24 horas fueron suficientes para paralizar la ciudad. Santa Marta se convirtió en un pueblo fantasma tras las 10 p.m., con el terror como único gobernante entre los comerciantes, que ya no se atreven a abrir sus negocios como antes.
Y es que hasta los vendedores ambulantes ya son víctimas de los delincuentes, pues diariamente deben paga cuotas extorsivas. Incluso los habitantes deben pagar peajes para salir de sus casas. Las autoridades, en lugar de enfrentar esta realidad, parecen optar por la inacción.
El anuncio de una recompensa millonaria para capturar a los cabecillas de “La Muerte” parece más un intento desesperado que una solución efectiva. ¿Qué clase de estrategia es esta en una ciudad donde el miedo ha silenciado incluso a las fuerzas del orden? Santa Marta no necesita héroes anónimos; necesita justicia y autoridades que no teman cumplir con su deber.
Hoy por hoy, a corrupción, la incapacidad política y la indiferencia ciudadana han permitido que la delincuencia someta a una ciudad entera. El cambio no vendrá con recompensas vacías, sino con una movilización colectiva que exija rendición de cuentas y seguridad real para sus habitantes.
Pinedo anunció que se determinó con las autoridades, disponer una bolsa de recursos de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita la individualización de cada uno de los miembros de los aludidos videos, para que las autoridades puedan dar con su paradero, capturarlos y llevarlos ante la justicia.
