La Contraloría General de la República instó una vez más al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento de energía en el país, asunto que preocupa a la entidad tal como lo manifestó en su estudio sectorial sobre Seguridad Energética y en la advertencia que emitió el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al Ministerio de Minas y Energía a mediados de noviembre de 2024.
Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno Nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman $2,7 billones para energía eléctrica, $3.3 billones por opción tarifaria y un billón por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas $628 mil millones para gas natural al cierre de 2024, es decir más de $7 billones, lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente.
Este monto representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, una familia que paga $30.000 por servicio de gas, sin el subsidio, tendría que cancelar por el mismo servicio un valor cercano a los $58.000.
Por ello, la entidad advirtió sobre el riesgo de que los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas si no se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria. Adicionalmente, sigue creciendo la deuda que tienen muchas entidades del Estado que no han pagado a los prestadores de servicio de energía y gas.
Además, la Contraloría General recordó que el artículo 14 del proyecto de Ley de Financiamiento de 2024 proponía reconocer como deuda pública las obligaciones pendientes de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras, relacionadas con la opción tarifaria de la Resolución Creg 12 de 2020. Sin embargo, tras el archivo del proyecto de la Ley de Financiamiento, hoy no hay mecanismos claros para cubrir esta deuda que asciende a $3 billones.
Aunque las empresas pueden recuperar estos recursos ajustando las facturas de los usuarios, este incremento podría aumentar la cartera vencida, agravando la situación financiera de las compañías y afectando el acceso a los servicios para la población.
