Organizaciones denuncian que la intervención militar bajo el decreto de Conmoción Interior intensificará el conflicto y exigen inversión social para atender las raíces de la crisis en la región.
Tibú, Catatumbo. La implementación del decreto de Conmoción Interior, que ha llevado a la militarización del Catatumbo con el despliegue de nueve mil efectivos de la fuerza pública, ha generado una fuerte respuesta de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de intensificar el conflicto en la región.
Enrique Pertúz, presidente de la red departamental de defensores de derechos humanos, expresó su preocupación ante esta medida. «El estado de conmoción lo que hace es echarle leña al fuego, en el entendido de que entra un nuevo actor al conflicto, como son las fuerzas militares, pero más reforzadas y con mayores atribuciones del gobierno», declaró.
Según Pertúz, la militarización no resolverá la alteración del orden público en la zona, donde más de 42 mil personas han sido desplazadas hacia cascos urbanos como Cúcuta, Tibú y Ocaña. «El problema del Catatumbo es estructural. Desde hace 40 años se ha intentado con el pie de fuerza, pero la verdadera solución está en una propuesta integral que contemple inversión social, educación, salud, vías y agroindustrias», subrayó.
Las organizaciones defensoras también anunciaron que harán un seguimiento permanente para proteger a las comunidades locales, buscando evitar abusos tanto por parte de la fuerza pública como de los actores armados ilegales que operan en la región. Además, instaron al gobierno a priorizar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de la población, especialmente en las áreas rurales más afectadas.
La región del Catatumbo, históricamente marcada por el conflicto armado y la presencia de cultivos ilícitos, enfrenta una crisis humanitaria agravada por la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Para Pertúz y otros líderes sociales, el despliegue militar no hará más que perpetuar un ciclo de violencia que solo puede ser roto con una estrategia integral de desarrollo y justicia social.
Mientras tanto, la situación en el terreno sigue siendo compleja. La red departamental de derechos humanos reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades desplazadas y afectadas, al tiempo que pidió respeto y garantías para la labor de los defensores en medio de un contexto de alta tensión.
Y.A.
