Un panorama alarmante que refleja la ausencia de control estatal y la expansión del delito.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
Barranquilla, una de las ciudades más importantes de Colombia, enfrenta una de las crisis de seguridad más severas de su historia reciente. Según denuncias recogidas por José Gómez Daza, director del programa Las Noticias del canal regional Telecaribe, la ciudad se ha convertido en un territorio donde reina una «autoridad subterránea», un sistema paralelo que opera al margen de la ley. Esta estructura ilegal no solo controla actividades recreativas como fiestas y eventos deportivos, sino que también somete a comerciantes, docentes, instituciones de salud y hasta residentes particulares bajo un esquema de extorsión y amenaza constante.
«Barranquilla es una de las ciudades más inseguras de Colombia, sin que se avizore la contención de las distintas manifestaciones del delito: masacres, crímenes selectivos, robos en todas sus modalidades, extorsiones», señaló Gómez Daza, haciendo énfasis en cómo el tejido social y económico de la ciudad está siendo destruido.
La violencia, un flagelo en cifras
Los números son escalofriantes. Solo en los primeros 24 días de enero de 2025, el departamento del Atlántico registró 74 muertes violentas, un incremento frente a las 69 contabilizadas en el mismo período de 2024. De estas, 42 ocurrieron en Barranquilla, cifra que supera las 39 del año anterior, dejando claro que la situación está fuera de control. Además, otras localidades del área metropolitana, como Soledad con 18 casos y Sabanagrande, que sufrió una masacre, evidencian que la inseguridad no respeta fronteras municipales.
El panorama no solo afecta a los hombres. Ocho mujeres han sido asesinadas de forma violenta en lo que va del año, y los pronósticos indican que, de continuar esta tendencia, se podrían alcanzar 92 muertes violentas al cierre del mes, un promedio alarmante de 3,08 homicidios diarios.
El costo social y económico de la inseguridad
La inseguridad ha golpeado duramente a pequeños y medianos empresarios, quienes enfrentan una disyuntiva cruel: pagar extorsiones que los arruinan, cerrar sus negocios o arriesgar sus vidas. En palabras de Gómez Daza, «los comerciantes deben pagar una especie de matrícula inicial más un mensual, lo cual los obliga a cerrar sus negocios ante el asedio de los criminales». Esta práctica extorsiva no solo afecta las finanzas de los empresarios, sino que también genera un clima de miedo que frena cualquier intento de reactivación económica.
Las cifras respaldan estas afirmaciones. Más de 200 comercios cerraron en 2024 por falta de garantías de seguridad, y este año, durante la temporada previa a los carnavales, decenas de establecimientos han decidido bajar sus persianas, prefiriendo evitar la violencia que podría costarles la vida.
Inversiones sin resultados
A pesar de las millonarias inversiones en tecnología, patrullas y expertos en seguridad, los resultados no se han materializado. Las estrategias implementadas parecen insuficientes frente al alcance y la sofisticación del crimen organizado que opera en la ciudad. «Si a la ciudadanía no se le garantiza la vida, el progreso representado en ostentosos lugares y a propósito de los próximos carnavales, no pasan de ser un simple disfraz», afirmó Gómez Daza, quien comparó el estado actual de la ciudad con un «funeral» de lo que alguna vez fue una urbe próspera.
¿Qué hacer frente a esta crisis?
El deterioro de la seguridad en Barranquilla exige acciones urgentes y contundentes por parte de las autoridades locales y nacionales. No se trata solo de invertir en recursos tecnológicos o desplegar más patrullas, sino de construir estrategias integrales que incluyan la participación de la comunidad, la generación de oportunidades económicas y el fortalecimiento de la justicia para acabar con la impunidad.
Es evidente que la ciudad no puede seguir ignorando esta realidad. La violencia y la corrupción han permeado cada rincón del tejido social, y sin un cambio estructural, Barranquilla seguirá siendo un ejemplo de cómo el abandono estatal permite que el crimen se convierta en ley.
Y.A.
