Un grupo de 19 cabildos indígenas del pueblo zenú decidió ocupar tres fincas en el municipio de San Antonio de Palmito, en el departamento de Sucre, como medida de presión ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno nacional.
Según un medio capitalino, las tierras en cuestión, conocidas como Simba, Potosí y La Laguna, fueron prometidas por el presidente Gustavo Petro en lo consignado en su propuesta política de reforma agraria, pero hasta la fecha no han sido entregadas a las comunidades indígenas, campesinas y víctimas de la violencia que las reclaman como parte de su territorio ancestral.
Las tierras fueron arrendadas a la empresa Comercializadora El Tamaral bajo un contrato de comodato con vigencia de veinte años, lo que ha generado tensiones entre las comunidades indígenas y las autoridades estatales encargadas de la gestión de estos predios.
Estas fincas se encuentran actualmente bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que las recuperó tras procesos de extinción de dominio debido a su presunta vinculación con actividades de narcotráfico y paramilitarismo.
En marzo de 2024, durante una visita a la región, el presidente Gustavo Petro anunció públicamente que las fincas serían entregadas a indígenas, campesinos, organizaciones sociales y víctimas de la violencia como parte de su plan de reforma agraria.
Sin embargo, según lo denunciado por los voceros de los cabildos zenú, ni la SAE ni la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han cumplido con los compromisos adquiridos, lo que ha llevado a las comunidades a tomar medidas drásticas.
