El 22 de noviembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) tomó la decisión de intervenir la EPS Coosalud, una de las principales entidades prestadoras de salud en Colombia, con más de 3.2 millones de afiliados.
Esta intervención, según las autoridades, busca resolver fallas graves en la prestación de servicios que estaban poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de los colombianos, especialmente en el régimen subsidiado que atiende a poblaciones vulnerables. Sin embargo, este proceso ha generado múltiples cuestionamientos sobre su motivación, su ejecución y sus implicaciones para el sistema de salud del país.
¿Decisión improvisada o jugada política?
Uno de los puntos más debatidos es si la intervención fue una medida necesaria para mejorar la calidad del servicio o si, por el contrario, responde a una jugada política dirigida a favorecer al gobierno del presidente Gustavo Petro. Las versiones sobre este proceso son encontradas y han desatado controversia. La misma mesa directiva de Coosalud ha desmentido varias afirmaciones de las autoridades, presentando pruebas que refuerzan su postura. En este contexto, surge la pregunta:
¿Realmente la intervención responde a un interés legítimo por garantizar la salud de los colombianos o es parte de una estrategia política más amplia?
¿Qué dicen las auditorías y la Supersalud?
La intervención fue solicitada públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien en el marco de la posesión del nuevo superintendente de Salud, Helver Giovanni Rubiano, instó a una investigación exhaustiva debido a indicios de desvío de recursos hacia paraísos fiscales desde 2020. Petro calificó estas prácticas como inaceptables y subrayó que la intervención era esencial para proteger los fondos destinados al bienestar de los colombianos.
Las auditorías realizadas por la Supersalud en septiembre de 2024 confirmaron las sospechas iniciales, revelando una serie de graves irregularidades dentro de Coosalud. Entre ellas, se identificaron pagos concentrados a ciertas IPS sin justificación, retrasos en giros a otras instituciones, sobrecostos en contrataciones, y favoritismos en la asignación de contratos. Además, se detectó la influencia de terceros en decisiones clave dentro de la entidad.
Coosalud frente a otros casos de EPS intervenidas
Es importante contextualizar que, si bien las irregularidades encontradas en Coosalud son serias, los indicadores de la EPS en cuanto a reclamaciones y tutelas son inferiores a los de otras EPS que también han sido intervenidas en los últimos años. Por ejemplo, las reclamaciones de Coosalud representan solo el 1.5% del total de sus afiliados, muy por debajo de la media nacional del 3% y considerablemente menor que las cifras reportadas por otras EPS intervenidas, donde el promedio supera el 6%.
En cuanto a las tutelas, si bien hubo un aumento significativo después de la pandemia, los datos más recientes muestran una disminución pronunciada en 2024, pasando de 8,616 tutelas en 2023 a 4,243 en agosto de 2024, con una proyección de 7,273 al final del año. Estos indicadores sugieren que, comparado con otras EPS, Coosalud ha cumplido relativamente bien con sus compromisos y que la intervención puede no haber sido tan urgente como se presenta.
El costo de la intervención: ¿Un negocio detrás?
Uno de los interrogantes más relevantes en este proceso es el costo que esta intervención implica para los colombianos.
¿Cuánto nos está costando esta intervención y cuál es el verdadero afán detrás de ella?
Algunos analistas señalan que, en lugar de ser una medida exclusivamente de control y mejora del sistema de salud, la intervención podría tener fines políticos o económicos ocultos.
Un punto clave en esta controversia es el crédito otorgado a través del modelo de «Coosalud Inversa», que fue aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud y que tenía como objetivo atraer capital privado utilizando recursos propios de la EPS, no fondos públicos. Sin embargo, el entonces superintendente presentó este modelo como si Coosalud estuviera financiando empresas privadas de forma irregular. Cabe resaltar que el crédito no fue cobrado por incumplimiento, sino que el banco ejecutó anticipadamente el crédito por temor a la intervención, como se detalla en una carta enviada por el Banco Sudamérica a la Supersalud.
Este hecho pone en duda si la intervención estuvo realmente justificada o si, en cambio, se trató de una estrategia deliberada para debilitar a la EPS, que ha sido crítica con las reformas del actual gobierno. Algunos sectores aseguran que esta acción tiene como objetivo minar el sistema de salud público, afectando a una junta directiva profesional y autónoma.
La implicación de los afiliados
Finalmente, no se puede dejar de lado el impacto de esta intervención sobre los más de 3 millones de afiliados de Coosalud. Aunque las autoridades aseguran que los servicios de salud seguirán prestándose adecuadamente durante el proceso de intervención, la incertidumbre sobre el futuro de la EPS es palpable.
¿Se garantiza la continuidad y mejora en los servicios, o los afiliados se verán nuevamente afectados por un sistema de salud ya colapsado?
Conclusión: un caso complejo
La intervención a Coosalud plantea más preguntas que respuestas. Mientras algunos ven esta medida como un paso necesario para depurar el sistema de salud y garantizar la transparencia, otros sospechan que detrás de esta intervención hay intereses políticos y económicos más profundos. La verdadera motivación y el impacto de esta decisión estarán por verse en los próximos meses, pero lo cierto es que la situación refleja la creciente crisis en el sector salud en Colombia, donde las reformas gubernamentales y las intervenciones están generando tanto expectativas como desconfianzas.
Lo que está claro es que los colombianos merecen respuestas claras y una gestión más eficiente y transparente de los recursos destinados a la salud pública. Sin embargo, la intervención de Coosalud no parece ser la solución definitiva a los problemas estructurales que enfrenta el sistema de salud del país.
