El Consejo de Estado estudiará una demanda que busca anular la elección de José Joaquín Urbano como magistrado de la Sala Penal, argumentando incumplimiento en la paridad de género exigida por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
El Consejo de Estado admitió una demanda que busca tumbar la elección de José Joaquín Urbano, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, argumentando una presunta violación a los principios de equidad de género establecidos en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
El recurso señala que Urbano incumplió el deber de garantizar la equidad de género al interior de las altas cortes, un mandato respaldado por la Corte Constitucional en su revisión de dicha ley. Según el documento, esta obligación aplica desde la etapa de selección de magistrados, con el objetivo de alcanzar gradualmente la paridad en las corporaciones judiciales.
El demandante subraya un patrón histórico de subrepresentación femenina en la Sala Penal. En su historia, esta sala solo ha contado con cuatro magistradas, y nunca han coincidido dos mujeres ejerciendo simultáneamente. “La subrepresentación de las mujeres en la Corte Suprema de Justicia ha sido un patrón persistente, especialmente en la Sala de Casación Penal, que solo ha contado con cuatro magistradas en toda su historia y nunca ha tenido dos mujeres al mismo tiempo”, detalla el documento admitido por el Consejo de Estado.
Además, el recurso recuerda que el artículo de la Ley Estatutaria que exige paridad de género fue declarado ajustado a la Constitución, estableciendo que las cortes deben garantizar una representación equitativa de hombres y mujeres, así como un equilibrio entre profesionales del ejercicio, la rama judicial y la academia.
La demanda también cuestiona la decisión de Urbano de no posesionarse ante el presidente Gustavo Petro, optando por hacerlo ante la Sala Plena, encabezada por el magistrado Gerson Chaverra.
Ahora, el Consejo de Estado dará trámite al caso y solicitará a las partes que se pronuncien sobre los argumentos presentados por el accionante. Este proceso podría marcar un precedente en la búsqueda de equidad de género en las más altas instancias del poder judicial colombiano.
Y.A.
