El expresidente de Bolivia enfrenta acusaciones por trata de personas, mientras denuncia persecución política y un juicio sin garantías.
Un juez de Bolivia declaró en «rebeldía» al expresidente Evo Morales y ordenó su detención tras no comparecer a una audiencia relacionada con una investigación por el presunto delito de trata de personas. La medida fue tomada por el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, quien también dispuso el congelamiento de sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes.
Morales se excusó de asistir al proceso alegando un delicado estado de salud. Sin embargo, su abogado, Jorge Pérez, afirmó que «nunca notificaron» a su cliente.
El caso involucra una presunta relación íntima entre Morales y una adolescente en 2015, cuando ejercía la presidencia. Morales respondió enérgicamente tras la decisión judicial, señalando que la declaración de rebeldía «ya estaba redactada antes de la audiencia». Además, aseguró que quienes lo acusan de estos delitos «son los verdaderos autores» y no han sido investigados.
El expresidente denunció que la Justicia actúa como «en tiempos de la inquisición» y lo condena «en tiempo récord», sin respetar el debido proceso ni la presunción de inocencia. Morales afirmó que estas acusaciones buscan eliminarlo políticamente de cara a las próximas elecciones presidenciales.
División política en el MAS
Este escándalo se enmarca en un creciente distanciamiento entre Morales y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, ambos integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS). La fractura interna ha dividido al partido en dos facciones y se ha manifestado en enfrentamientos públicos.
Arce, en una entrevista reciente, calificó las acusaciones contra Morales como «un secreto a voces» y recordó que estos señalamientos surgieron tras el golpe de Estado de 2019. Morales, por su parte, acusa al gobierno de Arce de llevar a cabo una «brutal guerra jurídica» en su contra.
La división en el MAS, sumada a las acusaciones legales y las tensiones políticas, pone en jaque la estabilidad del partido que durante años dominó la política boliviana, mientras Morales enfrenta un panorama cada vez más adverso.
