La Fundación para el Estado de Derecho denuncia que el Gobierno no ha cumplido con la obligación de publicar toda la actividad contractual en el marco de la política de paz total, contraviniendo la Ley 2272 de 2022.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Presidencia de la República y la Fiduprevisora por no cumplir con la obligación de publicar la totalidad de la actividad contractual ejecutada a través de varios fondos, en el marco de la política de paz total. La demanda se basa en la acusación de que el Gobierno no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2272 de 2022, que establece la obligación de publicar toda la información contractual dentro de los 10 días siguientes a su creación.
De acuerdo con la Fundación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) ha sido renuente a cumplir con la normativa y no ha publicado los documentos precontractuales, contractuales ni poscontractuales de los contratos suscritos bajo el marco de la política de paz. Esta falta de transparencia contraviene los principios fundamentales de transparencia y publicidad que deben regir la contratación pública en el país.
Andrés Caro, director de la Fundación, señaló que la publicación de la totalidad de los documentos contractuales no es opcional, sino una obligación legal. «Hemos constatado que la totalidad de dicha información contractual no se publica ni en el SECOP II ni en las páginas web de las entidades, ni se encontraron los documentos precontractuales de las convocatorias públicas, ni las propuestas remitidas por los oferentes», denunció Caro.
La Fundación ha exigido al Gobierno Nacional que respete el derecho de los ciudadanos a conocer la forma en que se orienta la contratación pública, especialmente en un tema de la relevancia de la política de paz total.
Y.A.
