Ilegalmente distrito de Santa Marta busca adueñarse de la operación de alumbrado público con ella una caja de cerca de $100.000 millones

Un nuevo escándalo político y administrativo sacude la capital del Magdalena. El Alcalde Carlos Pinedo, junto con los concejales de su mayoría, busca a toda costa recuperar la gestión del servicio de alumbrado público en Santa Marta, el cual se encuentra actualmente bajo la administración de ESSMAR E.S.P., una entidad intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios). Este acto ha sido calificado como una ilegalidad por múltiples expertos, quienes advierten sobre las graves implicaciones legales y financieras que podría acarrear.

El proyecto de acuerdo que acaba de ser aprobado por el Concejo Distrital, busca transferir la operación del alumbrado público del patrimonio de ESSMAR a manos del Distrito de Santa Marta, con la intención de que el Alcalde sea quien gestione directamente los 100.000 millones de pesos que se estiman como presupuesto para el servicio. Sin embargo, esta decisión contradice acuerdos previos que cedieron estos recursos a ESSMAR por un plazo de 30 años.

El acuerdo aprobado por el Concejo de Santa Marta no solo es visto como una maniobra para acceder a una parte importante de los recursos públicos de la ciudad, sino como una clara violación de normas legales fundamentales.

  1. Cede el Alumbrado Público a ESSMAR: En los acuerdos No. 002 de 2016 y No. 020 de 2018, aprobados por el mismo Concejo, se estableció que la infraestructura de alumbrado público y el 100% del impuesto de alumbrado público serían parte del patrimonio de ESSMAR por un periodo de 30 años. Estos acuerdos, aún vigentes, no han sido declarados ilegales por ninguna autoridad judicial, lo que otorga a la empresa la exclusiva administración de estos recursos.
  2. Intervención de ESSMAR: La ESSMAR E.S.P. se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2021, lo que implica que todo su patrimonio, incluidos los recursos provenientes del alumbrado público, deben ser administrados exclusivamente por el Agente Interventor designado por la Superservicios. Es decir, ninguna autoridad local, incluida la Alcaldía o el Concejo, tiene la facultad de disponer de estos bienes y recursos, lo que convierte en ilegal cualquier intento de modificar esta situación sin el consentimiento de la Superservicios.
  3. Riesgo de Consecuencias Legales: La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han sido alertadas sobre esta situación, y se ha sugerido que tanto el Alcalde Pinedo como los concejales que apoyaron este proyecto podrían estar incursos en faltas disciplinarias, e incluso en posibles delitos penales, como el prevaricato, por actuar al margen de la ley y tratar de modificar acuerdos legalmente establecidos.

En este contexto, el nuevo Agente Interventor de ESSMAR, Erney Alfonso Velásquez Torres, se enfrenta a una difícil misión: defender el patrimonio de la empresa intervenida y evitar que los recursos del alumbrado público sean desviados hacia el control del Distrito, lo que podría comprometer no solo la estabilidad financiera de la ESSMAR, sino también los intereses de los ciudadanos samarios.

Velásquez Torres deberá resistir las presiones políticas y garantizar que se respeten las decisiones de Superservicios en cuanto a la administración de los bienes de ESSMAR, que son de carácter público y deben ser gestionados con el máximo rigor. Su rol será clave en los próximos meses, ya que se espera que se tomen acciones definitivas para impedir que el Distrito recupere el control sobre el alumbrado público de forma ilegal.

Una de las grandes interrogantes que persiste es cómo actuará el Gobierno Nacional, encabezado por la Superintendencia de Servicios Públicos, ante este flagrante intento de eludir la normativa vigente. ¿Cooperará el Gobierno con los intereses del alcalde Pinedo, o se adherirá al marco legal y protegerá los recursos del patrimonio intervenido?

La comunidad samaria y los entes de control deberán estar vigilantes, ya que el riesgo de que se permita una ilegalidad de esta magnitud podría abrir la puerta a más intentos de apropiación de recursos públicos, perjudicando el bienestar de todos los habitantes de la ciudad.

El caso no ha terminado, y las autoridades ya han comenzado a investigar. Se espera que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General de la República inicien acciones preventivas y correctivas en este caso, para evitar que las irregularidades se perpetúen. Asimismo, se podrían presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, dado que se trata de una posible desviación de poder y un abuso de funciones públicas por parte del Alcalde y los concejales involucrados.

Este episodio subraya la importancia de la transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente en el manejo de servicios públicos que afectan directamente a la ciudadanía. El Alcalde Carlos Pinedo, quien en principio pretendía recuperar el control sobre el servicio de alumbrado público, enfrenta ahora una presión política y legal considerable, mientras la ciudadanía samaria sigue atenta a los pasos que dará el Gobierno Nacional para garantizar que se respete la ley y se protejan los recursos de la ESSMAR E.S.P..

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