La funcionaria defiende su decisión frente a la Procuraduría, alegando graves impactos al medio ambiente y comunidades locales por parte del grupo portuario.
La ministra de Ambiente se mantiene firme en la suspensión de las actividades del proyecto Muelle 13 en Buenaventura, argumentando que existen razones técnicas y jurídicas que respaldan esta decisión. En respuesta a la Procuraduría General de la Nación, la funcionaria subrayó que las operaciones del grupo portuario incumplieron normativas ambientales clave, generando un grave impacto en los ecosistemas y las comunidades locales.
Según explicó, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concluyó que el Muelle 13 no puede operar legalmente debido a la ausencia de una licencia ambiental adecuada. “El grupo portuario omitió reportar durante tres años un aumento en el volumen y calado del muelle, lo cual implicaba un cambio en la autoridad ambiental responsable”, señaló la ministra, destacando una falta grave de responsabilidad empresarial.
Contaminación y omisiones legales
Durante una visita técnica al muelle, la ANLA evidenció un manejo ambiental deficiente, que incluye contaminación por polvillo de carbón y riesgos estructurales en la infraestructura. Además, se detectó que el plan de manejo ambiental omitió consultas con el Ministerio de Ambiente sobre los manglares, un ecosistema protegido por la ley.
La ministra enfatizó que estas omisiones representan no solo una violación a la normativa vigente, sino también una amenaza directa a la biodiversidad y los derechos colectivos de las comunidades. “Este tipo de negligencias comprometen gravemente el equilibrio ambiental y el derecho de las personas a vivir en un entorno sano”, aseguró.
Impactos en las comunidades locales
La operación del Muelle 13 ha generado graves afectaciones en la población de Buenaventura, incluyendo la contaminación del agua y la degradación de los ecosistemas. Ante este panorama, la ministra pidió a la Procuraduría priorizar la protección de los derechos ambientales en lugar de respaldar a las empresas que no cumplen con la normativa.
Por su parte, la compañía propuso una alternativa para reanudar las operaciones, pero esta fue rechazada por el Ministerio debido a que no cumple con las normativas ambientales actualizadas en 2024 ni con argumentos técnicos válidos.
“No podemos permitir que se continúe afectando a las comunidades y el medio ambiente por negligencia empresarial. Es nuestro deber garantizar que cualquier operación cumpla con los estándares legales y ambientales necesarios”, enfatizó la ministra.
Compromiso con el medio ambiente
Finalmente, la funcionaria reiteró el compromiso de su cartera en la protección de los recursos naturales y los derechos de las comunidades afectadas. Además, aseguró que se mantendrá un monitoreo constante sobre las condiciones ambientales en la región para evitar nuevas irregularidades.
Y.A.
