Millonarios cobros irregulares, impunidad y un sistema de salud en crisis: 26 EPS facturaron $79.000 millones por servicios a personas fallecidas.
Un nuevo escándalo sacude al sistema de salud colombiano: 26 EPS han sido señaladas por facturar más de $79.000 millones en tratamientos médicos para personas fallecidas. Según un informe de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), esta práctica irregular aumentó un 1.000% en los últimos años, dejando al descubierto un entramado de corrupción que desangra el sistema de salud.
La EPS Compensar encabeza esta lista, con cobros por 4.569 pacientes fallecidos que suman más de $53.900 millones, seguida de otras como Famisanar, Salud Total y Sura. Estas entidades no reportaron los decesos de los usuarios, permitiendo que continuaran recibiendo recursos públicos mediante la Unidad por Capitación (UPC).
Una corrupción descarada e impune
El congresista Wilson Arias, del Pacto Histórico, calificó estas prácticas como una muestra descarada de la corrupción que asola el sistema de salud. Según Arias, las EPS inflan artificialmente las cifras de atención para justificar aumentos en la UPC. En sus palabras:
“Con una fracción de esos recursos se podría incluso comprar periodistas y congresistas para apoyar sus intereses”.
Aunque la Contraloría General de la República ya había advertido sobre estas irregularidades en años anteriores, las EPS parecen operar bajo un manto de impunidad. El sistema jurídico y administrativo ha fallado en tomar medidas contundentes para frenar estos abusos.
La crisis en cifras
El Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud confirma la gravedad de la situación:
- Las EPS acumularon $3,1 billones en pérdidas operativas durante 2024.
- El patrimonio negativo del sistema asciende a $7,1 billones.
- Se registró un incremento del 20% en quejas y del 25,4% en tutelas relacionadas con barreras de acceso a servicios de salud.
Mientras las EPS priorizan las ganancias privadas, los colombianos enfrentan dificultades para acceder a tratamientos básicos, viéndose obligados a recurrir a mecanismos judiciales como tutelas.
Un sistema colapsado y cómplices en silencio
El sistema de salud no solo enfrenta un colapso financiero, sino también ético. Funcionarios públicos complacientes, políticos corruptos y un marco legal ineficaz han permitido que las EPS operen sin consecuencias. Mientras tanto, las víctimas siguen siendo los ciudadanos de a pie, quienes no solo deben lidiar con la falta de atención médica, sino también con un sistema que parece diseñado para perpetuar la desigualdad.
¡Hora de despertar!
Alzar la voz y reclamar transformaciones reales es prácticamente obligatorio. La salud no puede seguir siendo un privilegio manejado por unos cuantos; debe ser un derecho fundamental, accesible para todos los colombianos. La sociedad tiene la responsabilidad y la fuerza para demandar explicaciones y exigir que las autoridades tomen medidas contundentes contra estas prácticas deshonestas.
Y.A.
