El multimillonario desfalco al Fondo de Reparación evidencia la corrupción sistemática que sigue afectando a Colombia.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, figura clave de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha denunciado una situación que revela una nueva dimensión del desfalco institucional en el país. Según Mancuso, al menos 105 bienes que entregó para la reparación de las víctimas del conflicto armado han desaparecido del registro del Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas. Esta desaparición no solo pone en duda la efectividad de los programas de reparación, sino que también expone la inacción y corrupción que persisten en las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la guerra.
El rastro de los bienes entregados por Mancuso desaparece en un entramado de irregularidades
La denuncia no es menor: 7.169 hectáreas de tierra, vehículos, mulas, ganado y dinero en efectivo que debían formar parte del Fondo de Reparación han sido “borrados” del inventario oficial. Estos bienes estaban ubicados en regiones clave como Tibú y La Gabarra, Norte de Santander, áreas históricamente dominadas por el Bloque Catatumbo, liderado por Mancuso.
Sin embargo, el problema no termina ahí. Según la Unidad para las Víctimas, 306 bienes adicionales que fueron entregados por otros exparamilitares, como Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Hebert Veloza (‘HH’), tampoco figuran en los registros oficiales. La desaparición incluso abarca el efectivo obtenido por la venta de propiedades, como cinco millones de pesos que nunca llegaron a las cuentas destinadas a las víctimas.
Una denuncia persistente desde 2007 revela cómo se planificó el saqueo del Fondo de Reparación.
Esta situación no es nueva. Desde 2007, Mancuso asegura haber entregado los bienes para la reparación, pero organismos como Acción Social —hoy Departamento para la Prosperidad Social— se negaron a recibirlos, un indicio de que el desfalco fue premeditado. En septiembre de 2024, Mancuso reiteró estas denuncias, pero la respuesta institucional ha sido lenta y, en algunos casos, inexistente.
Actualmente, la Unidad para las Víctimas, liderada por Lilia Solano, y la Fiscalía General, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, han iniciado intentos por reconstruir el inventario perdido. Sin embargo, el escepticismo persiste, pues la corrupción dentro de las instituciones hace que cualquier esfuerzo por esclarecer la verdad parezca condenado al fracaso.
La estrategia de paz del Gobierno Petro se tambalea ante la falta de transparencia en la reparación económica.
El Gobierno de Gustavo Petro ha puesto en marcha un modelo de paz que incluye la designación de exparamilitares como gestores de paz, una estrategia que ha generado controversia. Si bien la reconciliación es un pilar clave para superar el conflicto, ¿cómo puede hablarse de paz cuando la reparación económica sigue plagada de irregularidades? Las víctimas, en lugar de recibir justicia, continúan siendo revictimizadas por un sistema que parece diseñado para proteger a los corruptos.
La ausencia de los bienes es solo la punta del iceberg. Las propiedades que debían servir para aliviar el sufrimiento de las víctimas probablemente estén en manos de empresarios, políticos y otras figuras del poder que se han enriquecido a costa del dolor ajeno.
La sociedad exige respuestas claras y acciones contundentes contra los responsables del saqueo
La pregunta que sigue sin respuesta es: ¿quiénes son los responsables de este multimillonario robo? La ciudadanía exige que los organismos de control identifiquen y procesen a los funcionarios y particulares implicados en este escándalo. La corrupción no solo roba propiedades, sino también la dignidad y la esperanza de miles de víctimas que ven cómo sus derechos se diluyen en la inoperancia estatal.
El reto de la reparación en Colombia
La desaparición de los bienes de Mancuso refleja un problema estructural en los procesos de reparación del país. Más allá de los discursos políticos y las medidas superficiales, Colombia enfrenta el desafío de garantizar que las instituciones encargadas de la justicia transicional sean blindadas contra la corrupción.
Este caso es un llamado de atención para revisar de manera exhaustiva los procesos de inventario y manejo de los bienes entregados por los excombatientes. Solo una acción decidida y transparente puede devolver la confianza en el sistema y garantizar que las víctimas reciban lo que les corresponde. Sin esto, la paz seguirá siendo un ideal inalcanzable.
