La Ordenanza No. 616 de 2024, que autorizó al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, a comprometer vigencias futuras por más de un billón de pesos para el financiamiento del Plan de Seguridad en el Área Metropolitana de Barranquilla, enfrenta una demanda que pone en duda su legalidad. El abogado defensor de derechos humanos, José Humberto Torres, presentó la acción legal ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, solicitando la nulidad del proceso.
Según Torres, la aprobación de esta ordenanza se caracterizó por una tramitación apresurada y presuntas irregularidades que podrían implicar responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales.
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«Estamos en presencia de un uso indebido del poder, una especie de testaferrato, cuyo protervo fin es alzarse con los recursos de la tasa de seguridad para ponerlos a disposición de un cuestionado convenio entre la Gobernación, Alcaldía de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla, todo ello bajo el amparo del prurito de combatir la inseguridad», afirmó el abogado.
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Irregularidades en el proceso
El abogado señaló que la ordenanza, aprobada en apenas dos días y sancionada el mismo 17 de mayo por el gobernador Verano, presenta una serie de hallazgos que comprometen su validez. Entre las irregularidades denunciadas se encuentran:
- El Comité de Hacienda Departamental, que habría incurrido en falsedad en documento público al emitir un acta que declaraba la viabilidad financiera del proyecto, cuando este no cumplía con los requisitos legales.
- El Consejo de Gobierno Departamental, que, según Torres, prevaricó al declarar de importancia estratégica el proyecto sin que estuviera inscrito en el Banco de Proyectos ni aprobado por la Secretaría de Planeación.
- El diputado Walfran Mendoza, quien habría abusado de su poder al presentar un informe de ponencia antes de que la Gobernación radicara formalmente el proyecto de ordenanza.
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Además, la aprobación de la ordenanza violó el principio de seguridad jurídica y el derecho a la participación ciudadana, al realizarse mediante un procedimiento acelerado que limitó cualquier análisis o discusión pública.
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Recursos multimillonarios bajo la lupa
La ordenanza otorga al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el manejo discrecional de 1,1 billones de pesos provenientes de la tasa de seguridad del departamento. Este convenio interadministrativo, firmado dos días después de la sanción de la ordenanza, ha sido cuestionado por su falta de transparencia y por presuntamente responder a compromisos políticos adquiridos por el gobernador con el partido Cambio Radical.
Torres asegura que el proceso fue «amañado» y orquestado para cumplir con intereses electorales, y que podría configurarse un delito de concierto para delinquir. «La Fiscalía está obligada a investigar si en el trámite de la Ordenanza 616 del 2024 se incurrió en esta conducta», agregó el abogado.
¿Qué pasará si se declara nula la ordenanza?
De ser aceptada la demanda y declarada nula la Ordenanza No. 616, el manejo de los recursos destinados al Plan Integral de Seguridad y Convivencia del Atlántico recaerá en el Comité Departamental de Orden Público. Este órgano deberá garantizar que las inversiones se realicen conforme a las líneas estratégicas establecidas para todo el departamento, en lugar de beneficiar exclusivamente al Área Metropolitana de Barranquilla.
Así las cosas, es de anotar que este caso evidencia cómo los procesos de asignación de recursos públicos pueden verse afectados por intereses políticos y decisiones apresuradas, dejando en segundo plano las verdaderas necesidades de seguridad de la población. El abogado Torres, al denunciar estas irregularidades, busca sentar un precedente en la lucha por una administración más transparente y ajustada a la ley. Si el Tribunal Administrativo falla a favor del demandante, podría abrirse una nueva etapa de supervisión más estricta en el manejo de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a combatir la inseguridad en la región.
