Al Ministerio de Salud y Protección Social, la Procuraduría General de la Nación le solicitó detalles del proceso a través del cual se definió la UPC para el 2025, al mismo tiempo en el que le instó a adelantar un nuevo cálculo cuyo resultado le permita al sistema de salud enfrentar la crisis que atraviesa.
Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata del valor anual que se paga a las Empresas Promotoras de Salud EPS para cubrir los servicios de salud de los afiliados al sistema, y que para este año se ubicó en 5.36%, lo que ha sido cuestionado por distintos sectores al considerarlo muy bajo.
En la comunicación, el órgano de control también instó a la cartera de salud, para que el cálculo y el posible resultado sean fruto de un proceso amplio de consenso.
De igual forma, solicitaron que en el cálculo se tengan en cuenta elementos tanto epidemiológicos como demográficos.
En esa línea, también instaron a que se tengan como base los datos compartidos por las Entidades Aseguradoras de Planes de Beneficios en Salud.
Por otra parte, pidieron tener a la mano los conceptos y análisis del Grupo de Apoyo Técnico y de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas relacionados con la definición de la UPC en el año 2025.
Según la Procuraduría General de la Nación, con todo ello, el organismo de control busca conocer las actas de las reuniones llevadas a cabo por el equipo, las reuniones de carácter técnico, y determinar si se implementaron mecanismo de retroalimentación para obtener información con calidad.
Detalló finalmente el Ministerio Público, que la
intervención se originó en el llamado de asociaciones de usuarios y pacientes, de representantes de hospitales y clínicas públicas y privadas y de expertos que se han pronunciado oficialmente y emitido estudios técnicos que concluyen la insuficiencia acumulada de la UPC.
