Por: Laureano Acuña Díaz
La pobreza no es solo una estadística o un tema recurrente en discursos políticos. Es, como bien lo señalaba Álvaro Gómez Hurtado, el enemigo claro y frontal de cualquier sociedad que aspire a vivir en paz y prosperidad. Su impacto es devastador y multidimensional: Destruye sueños, perpetúa desigualdades y condena a generaciones enteras a la exclusión social. La pobreza no solo limita el desarrollo de las personas, sino que también atenta contra la estabilidad de la nación en su conjunto.
Enfrentar la pobreza debe ser la principal tarea del Gobierno, porque es en ella donde nacen muchos de los problemas sociales que enfrentamos. En comunidades donde la falta de oportunidades es la norma, el camino hacia las armas o de la criminalidad, se convierten, lamentablemente, en la única opción viable para muchos. Este es el verdadero costo de la inacción: La pérdida de vidas y talentos que podrían haber contribuido al progreso del país.
Álvaro Gómez Hurtado, con su visión profunda y certera, insistía en que la prioridad del Estado debe ser la lucha contra este flagelo. El Estado no puede permanecer indiferente frente a las realidades de hambre, desigualdad y desesperanza que enfrentan millones de ciudadanos. Es necesario que el Gobierno comprenda que erradicar la pobreza no es solo un asunto de justicia social, sino una estrategia clave para garantizar la seguridad, el desarrollo económico y la cohesión social.
Para combatir eficazmente la pobreza, el Gobierno debe implementar políticas públicas que generen oportunidades reales para la población. Es crucial brindar acceso a condiciones económicas óptimas, incluyendo créditos accesibles que permitan a los ciudadanos invertir en proyectos productivos. Debemos crear un entorno donde las familias puedan soñar con un futuro mejor, con acceso a educación, salud y empleo digno. Además, la promoción de proyectos productivos en sectores estratégicos puede ser una herramienta poderosa para dinamizar la economía local y regional, reduciendo la dependencia y fortaleciendo las comunidades.
Así mismo, es imperativo que se fomente una economía inclusiva, donde el desarrollo no sea un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad para todos. Esto implica invertir en infraestructura, educación y capacitación, así como apoyar iniciativas de emprendimiento que fortalezcan las capacidades productivas del país. Una sociedad próspera no nace de la caridad, sino de la creación de oportunidades sostenibles que permitan a cada ciudadano ser un agente de cambio.
El llamado es claro: La lucha contra la pobreza no puede seguir siendo un objetivo relegado o postergado. Es el desafío más urgente que enfrenta nuestra nación, y su solución requiere un compromiso decidido del Estado. Si queremos construir un país en paz, es necesario dar a la ciudadanía las herramientas para salir adelante.
Erradicar la pobreza no es solo un imperativo moral; es la base sobre la cual podemos construir una sociedad más justa, más segura y más próspera. Que este sea el norte que guíe las acciones del Gobierno y de todos nosotros.
