Se justifica la intervención con fines de liquidación de empresa AIR-E aprobada por la Superservicios y que el Estado mantenga el control porque tiene el músculo financiero y que se rebajen tarifas eléctricas acatando medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico pic.twitter.com/VwYO3QtS3v
— Norman Alarcón (@NormanAlarcon) January 10, 2025
El agente interventor Edwin Palma reveló un informe demoledor que respalda la intervención para liquidar AIR-E, mientras organizaciones sociales exigen la rebaja de tarifas.
Un informe contundente presentado por el agente interventor Edwin Palma ha confirmado las denuncias realizadas durante meses por diversas organizaciones sociales, como la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. Este documento ha sido clave para justificar la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) de intervenir la empresa AIR-E con fines de liquidación.
Según el informe, las irregularidades detectadas en la gestión de AIR-E han afectado significativamente a los usuarios del servicio eléctrico en la región Caribe. Ante esto, las autoridades buscan que el Estado asuma el control definitivo de la empresa, argumentando que cuenta con el «músculo financiero» necesario para garantizar la prestación del servicio de manera eficiente.
La intervención también se apoya en las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenan una revisión y rebaja de las tarifas eléctricas, un clamor de los usuarios afectados por los altos costos.
«Se justifica la intervención con fines de liquidación de empresa AIR-E aprobada por la Superservicios y que el Estado mantenga el control porque tiene el músculo financiero y que se rebajen tarifas eléctricas acatando medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico», indicó Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la región.
Organizaciones como la Liga Nacional han respaldado la intervención, destacando que es una medida necesaria para proteger los derechos de los usuarios y garantizar un servicio eléctrico justo y eficiente. Sin embargo, también hacen un llamado a que se realice una supervisión constante para evitar que se repitan las malas prácticas que llevaron a la crisis actual.
Y.A.
