La medida incluye a 15 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, señaladas por socavar la democracia y el Estado de Derecho.
Bruselas, 9 de enero de 2025. El Consejo de la Unión Europea aprobó el jueves por la noche una nueva ampliación de su lista de sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. La decisión, contenida en el Reglamento de Ejecución (UE 2025/44), se enmarca en la continua preocupación por la crisis de derechos humanos y el deterioro democrático en Venezuela. La resolución fue publicada en el Diario Oficial de la UE y afecta a 15 personas, sumándolas a la lista de medidas restrictivas impuestas anteriormente por el Reglamento (UE) 2017/2063.
La ampliación de las sanciones responde a las persistentes violaciones de los derechos fundamentales y la represión política, que incluyen irregularidades graves en las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro se autoproclamó ganador a pesar de las denuncias de fraude y el triunfo democrático de Edmundo González, candidato opositor.
Entre los sancionados se encuentran figuras clave del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), las fuerzas armadas y organismos de inteligencia del país sudamericano. La UE señala que estos individuos han desempeñado un papel crucial en la manipulación de procesos electorales, la persecución de opositores y la represión de la disidencia, acciones que han «socavado la democracia y el Estado de Derecho» en Venezuela.
Funcionarios sancionados:
- Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez – Presidenta del TSJ y de la Sala Electoral. Fue responsable de invalidar la victoria presidencial de Edmundo González y de interferir en las elecciones primarias opositoras.
- Fanny Beatriz Márquez Cordero – Vicepresidenta del TSJ y de la Sala Electoral. Participó en la certificación de resultados electorales no transparentes.
- Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta – Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ. Apoyó la certificación de resultados irregulares.
- Malaquías Gil Rodríguez – Presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ. Excluyó a María Corina Machado como candidata presidencial.
- Antonio José Meneses Rodríguez – Secretario General del CNE. Bloqueó denuncias de irregularidades y causó retrasos en los procesos electorales.
- Carlos Enrique Quintero Cuevas – Vicepresidente del CNE. Obstaculizó el desarrollo de un proceso electoral libre y transparente.
- Conrado Ramón Pérez Briceño – Rector principal del CNE. Participó en decisiones que afectaron la transparencia de las elecciones.
- Rosalba Gil Pacheco – Rectora principal del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Involucrada en decisiones que impidieron resultados electorales confiables.
- Luis Ernesto Dueñez Reyes – Fiscal auxiliar del Ministerio Público. Participó en la persecución judicial de Edmundo González, candidato opositor.
- Edward Miguel Briceño Cisneros – Juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia. Emitió una orden de detención contra Edmundo González por motivos políticos.
- Alexis José Rodríguez Cabello – Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Involucrado en violaciones graves de derechos humanos y la represión de opositores.
- Miguel Antonio Muñoz Palacios – Director adjunto del SEBIN. Supervisó detenciones arbitrarias y torturas en el centro de detención “El Helicoide”.
- Elio Ramón Estrada Paredes – Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Responsable de violaciones de derechos humanos tras las elecciones de 2024.
- Asdrúbal José Brito Hernández – Director del Departamento de Investigaciones Penales (DEIPC) de la DGCIM. Vinculado a torturas y represión contra opositores.
- Domingo Antonio Hernández Lárez – Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Responsable de la represión de protestas pacíficas y violaciones de derechos humanos.
Además de estas sanciones, el 20 de diciembre de 2024, la Unión Europea ya había impuesto medidas similares contra 15 colaboradores cercanos de Maduro, debido a la falta de progreso en la transición democrática del país.
En paralelo, Canadá también aplicó sanciones a varios funcionarios venezolanos, entre ellos la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, y otros miembros clave del régimen de Maduro, acusados de socavar la democracia en el país sudamericano.
La comunidad internacional continúa presionando al régimen de Maduro, instando a una transición democrática y al respeto de los derechos humanos en Venezuela.
