POR: JAIME VÈLEZ GUERRERO
La oposición colombiana no cesa de cuestionar, sin fundamento jurídico, el ejercicio del señor Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz, cargo que le fue asignado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este rol tiene como objetivo reincorporar a la vida civil a los miembros alzados en armas que aún operan en el país, y Mancuso, por su conocimiento en esta situación, fue postulado a esta responsabilidad.
Los adversarios del gobierno nacional han causado un daño significativo a la seguridad como estrategia. Desde altos cargos del otrora gobierno de Duque, como el ex fiscal general Francisco Barbosa y la actual procuradora de la República Margarita Cabello Blanco, hasta otros congresistas, han arremetido en contra de la designación de Mancuso y de otras personas con funciones similares. Es posible que estos servidores públicos hayan actuado bajo presiones exteriores. Un caso notable es el del magistrado de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que se inmiscuyó en obstaculizar la nueva actividad de Mancuso.
Están logrando que la inseguridad se desarrolle no solo en el campo, sino también en el contexto urbano, lo cual es sumamente peligroso para el futuro de nuestra sociedad y el proceso de erradicación de la cultura violenta. Los obstáculos a la tranquilidad pública podrían ocasionar que la criminalidad tome una dinámica impensable.
La única manera de detener las arremetidas de aquellos que están en contra de la paz sería que las instituciones del Estado, en conjunto con ONG y veedurías, apoyen unísonamente la figura jurídica del gestor de paz. Esto permitiría supervisar un proceso transparente y evitar que personas inescrupulosas impidan la resolución de desarme, sometimiento y verificación de acuerdos.
Muchas personas se preguntan cuáles son las razones para impedir que Salvatore Mancuso cumpla su función de gestor de paz. La realidad es que la actividad ejecutada por la organización Autodefensas Unidas de Colombia fue apoyada por diferentes sectores de la sociedad, como el gremio de ganaderos, banqueros, políticos, religiosos, empresarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mi juicio, las personas comprometidas con esa organización armada ilegal temen que Mancuso delate a quienes apoyaron directa o indirectamente la guerra contra insurgente.
Al señor Mancuso le digo que no está solo, pues las estrellas lo apoyan desinteresadamente en compañía del brillante cielo. Aunque el sendero sea hostil y repleto de desafíos, su espíritu está comprometido con la paz, que seguramente lo llevará a puerto seguro. La historia recordará su valentía y será una inspiración para las nuevas generaciones.
Es de gran valor que surja una ley que proteja a las personas asignadas como gestores de paz o desmovilizados, para que no sean etiquetadas en redes y otros medios con términos hirientes. Debemos abrir espacio en internet para difundir la paz y las futuras estrategias preventivas de seguridad.
Indiscutiblemente, también es importante que en nuestra sociedad se cree una disposición que cierre la historia de violencia en Colombia, siempre y cuando se reconozca el daño causado a la colectividad y los delitos cometidos. Los colombianos debemos poner fin a la violencia que impide el desarrollo pleno de nuestros pueblos.
