El inicio del año 2025 comenzó con un apagón prolongado para más de 40.000 habitantes de Puerto Carreño, la capital de Vichada, debido a una deuda acumulada por el Gobierno de más de 6.257 millones de pesos, correspondientes a los subsidios de electricidad para los estratos 1, 2 y 3.
El corte de energía, que afectó a toda la población, es el resultado de varios meses de impagos a los proveedores de electricidad, sumado a la falta de pago de más del 50% de la facturación en estos estratos.
La situación financiera de las empresas prestadoras del servicio se volvió insostenible, llevando a la suspensión del suministro en una de las capitales departamentales del país. La respuesta del Ministerio de Minas y Energía y del Gobierno Nacional fue percibida como lenta, lo que agravó la emergencia en una región apartada del país. Apenas el martes pasado, el Ministerio de Hacienda confirmó la disponibilidad de 184.000 millones de pesos, que incluyen la deuda pendiente en Vichada.
Este apagón pone en evidencia una crisis más amplia en el sistema energético del país, que podría extenderse a otras regiones. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la crisis financiera de las empresas de energía podría derivar en una «crisis financiera sistemática y previsible», con efectos negativos tanto en la prestación de los servicios de electricidad como de gas natural.
El sector energético acumula una deuda de 2,7 billones de pesos en subsidios a la electricidad, y 628.000 millones de pesos en subsidios para el gas natural. Esta situación ha debilitado las finanzas de las empresas, impidiendo el pago a proveedores y reduciendo su liquidez, lo que podría repercutir en aumentos en las facturas o más cortes en el servicio. Además, preocupa la falta de recursos en el Presupuesto General de la Nación para cubrir estos subsidios en 2025.
Los gremios del sector energético advierten que la situación podría empeorar si el Gobierno no toma decisiones fiscales sensatas que protejan la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
La crisis energética de Puerto Carreño es una alarma que requiere atención prioritaria por parte de la administración de Gustavo Petro para evitar que el sistema energético nacional llegue a un punto de deterioro e insostenibilidad, como ha ocurrido con el sistema de salud.
