El diputado Juan Eduardo Romero defiende la legitimidad de la juramentación mientras niega la narrativa de caos y represión en Venezuela. Sin embargo, las denuncias de irregularidades y detenciones masivas generan escepticismo internacional.
A pocos días de la controvertida toma de posesión de Nicolás Maduro, la situación política en Venezuela atraviesa uno de sus momentos más tensos. Mientras el oficialismo insiste en proyectar una imagen de estabilidad, la oposición y la comunidad internacional mantienen serias reservas frente a lo que califican como un proceso carente de transparencia. En este contexto, el diputado venezolano Juan Eduardo Romero, exjefe de seguridad del gobierno de Maduro y académico especializado en procesos políticos contemporáneos, ofreció una entrevista exclusiva a Noticias con Libertad en la que defendió la legitimidad de la juramentación y rechazó las denuncias de represión.
«Absoluta normalidad» frente a acusaciones de autoritarismo
Durante la entrevista, Romero sostuvo que la toma de posesión del mandatario se realizará bajo lo estipulado por la Constitución venezolana. Según afirmó: “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es tácita y directa […] cualquier intento de juramentar a algún personaje político en una instancia distinta a la Asamblea Nacional implica una violación de la Constitución”. Aseguró que el evento, programado para el 10 de enero, tendrá lugar en el Palacio Federal de Caracas, destacando que no hay espacio para interpretaciones alternativas.
Maduro y la toma de posesión: Entre la «normalidad» oficialista y las acusaciones de represión.
Romero enfatizó que, contrario a lo que reflejan algunos medios internacionales, la situación en el país es de total tranquilidad. “La representación que algunos medios internacionales han querido mostrar, de una Venezuela y unos venezolanos a punto de matarnos entre nosotros, no corresponde con la realidad”, afirmó con contundencia. Respaldó su declaración describiendo actividades cotidianas como visitas a centros comerciales abarrotados o playas repletas de turistas. “La gente comprando, recorriendo, con absoluta tranquilidad”, agregó, refiriéndose tanto a Caracas como a su estado natal, Zulia.
El tema de la seguridad y las detenciones masivas
La entrevista adquirió un tono más crítico cuando se abordó la creciente presencia militar y las detenciones de opositores, acciones ampliamente condenadas por observadores internacionales. Romero negó categóricamente que estas medidas sean actos de represión, calificándolas como procedimientos estándar para garantizar la seguridad en eventos de gran magnitud. “Es un mecanismo absolutamente normal, hay medidas de seguridad ante el nombramiento de un jefe de Estado, esto sucede en cualquier parte del planeta”, subrayó, aludiendo a ejemplos como las posesiones presidenciales en Estados Unidos, Francia o Colombia.
Sin embargo, su postura se tornó más polémica al justificar las detenciones recientes, señalando que “los cuerpos de seguridad venezolanos han detenido a 125 personas vinculadas con acciones terroristas […] norteamericanos, ucranianos, colombianos, pagados para generar terror”. Estas declaraciones reafirman la narrativa oficialista de que las detenciones son parte de una estrategia para neutralizar amenazas externas, pero dejan sin respuesta las denuncias de organizaciones internacionales que señalan un uso sistemático de la represión para silenciar a los opositores.
Un país dividido y un futuro incierto
Mientras el gobierno intenta proyectar control, las tensiones dentro y fuera de Venezuela son innegables. Edmundo González Urrutia, el principal opositor, insiste en que fue el verdadero vencedor de las elecciones del 28 de julio de 2024 y ha recibido el respaldo de países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. Las protestas convocadas por líderes opositores, como María Corina Machado, reflejan el descontento de un sector importante de la población, mientras el gobierno responde con «medidas represivas», como denuncian organismos internacionales.
Por su parte, la Unión Europea ha decidido no enviar representantes a la juramentación, un gesto que demuestra la falta de reconocimiento hacia Maduro. En contraste, aliados como Rusia, China y Turquía mantienen su apoyo al mandatario, mostrando el carácter polarizado del respaldo internacional.
Entre el autoritarismo y la resistencia democrática
El panorama político venezolano parece acercarse peligrosamente a un punto de no retorno. Si bien el gobierno busca normalizar una realidad llena de interrogantes, las acciones represivas y las crecientes denuncias de irregularidades apuntan a una consolidación del autoritarismo. La oposición, aunque movilizada, enfrenta un desafío monumental para superar las divisiones internas y mantener la presión tanto a nivel nacional como internacional.
En definitiva, el próximo 10 de enero no será solo una fecha protocolaria: marcará un antes y un después para Venezuela. La legitimidad del evento, el papel de las Fuerzas Armadas y la reacción de la comunidad internacional serán determinantes para definir si el país sigue sumido en la senda del autoritarismo o si, por el contrario, logra dar un paso hacia la transición democrática que muchos anhelan.
Y.A.
