Una nueva controversia sacude a la administración de Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta, tras la firma de un contrato con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), que ha sido cuestionado por su falta de transparencia y objetivos confusos.
El convenio, destinado a promover la seguridad vial en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, asignó $2.500 millones de pesos provenientes de regalías. Sin embargo, el propósito de este proyecto, que incluye la dotación de herramientas educativas para estudiantes que no conducen, ha sido catalogado como un despropósito y un posible ejemplo de malversación de fondos.
EL ROL DE AREMCA Y LA FUNDACIÓN SUBCONTRATADA
En octubre de 2024, el Distrito de Santa Marta oficializó un convenio con Aremca, quien subcontrató a la Fundación Editorial Unidos por Colombia para desarrollar el proyecto. La ejecución, con un plazo de apenas dos meses, ha generado dudas sobre su viabilidad, especialmente en una ciudad donde el tráfico caótico y la falta de respeto a las normas de tránsito son problemas estructurales.
Aremca no es ajena a las polémicas. Con 66 contratos entre 2021 y 2023, ha sido señalada por la Contraloría General y el Departamento Nacional de Planeación por presuntas irregularidades. Además, en marzo de 2023, el Consejo de Estado dictaminó que esta asociación no podía manejar recursos del Sistema General de Regalías debido a incumplimientos legales. A pesar de esto, la administración Pinedo le otorgó un contrato millonario, despertando aún más suspicacias.
UN CONTRATO BAJO LA LUPA
El contrato también ha sido criticado por su enfoque. Mientras que en un inicio se argumentó que los materiales educativos estarían destinados a estudiantes como «multiplicadores» de conocimientos, el Distrito luego afirmó que serían utilizados por autoridades de tránsito. Esta contradicción ha generado dudas sobre el objetivo real del convenio.
Por otro lado, la Fundación Editorial Unidos por Colombia, encargada del proyecto, tampoco está libre de cuestionamientos. Según registros oficiales, no renovó su inscripción en el Registro Único de Proponentes en 2024, lo que la inhabilitaría para contratos de esta naturaleza.
¿HACIA DÓNDE VA SANTA MARTA?
La ciudadanía de Santa Marta observa con preocupación cómo los recursos públicos parecen diluirse en proyectos poco claros y de dudosa efectividad. Mientras tanto, los organismos de control han permanecido en silencio frente a estas irregularidades.
Los samarios exigen explicaciones y acciones concretas para evitar que estos episodios se repitan. La transparencia en la gestión pública es una prioridad que no debe ser ignorada.
UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN
Con este contrato, la administración de Carlos Pinedo Cuello se enfrenta a nuevas críticas por la posible perpetuación de prácticas corruptas. Santa Marta necesita líderes comprometidos con el bienestar de sus ciudadanos, no más escándalos que empañen su desarrollo.
El llamado ahora es a las autoridades de control y vigilancia para que actúen con firmeza y garanticen que los recursos públicos se utilicen de manera ética y transparente. ¿Hasta cuándo seguirá permitiéndose que la corrupción obstaculice el progreso de esta ciudad?
