La Alcaldía de Cartagena cuestiona la legalidad de los allanamientos realizados por la Contraloría Distrital en el marco de una auditoría, mientras que la entidad fiscalizadora defiende su derecho constitucional a ejercer control sobre los recursos públicos.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
Rifirrafe entre la Contraloría Distrital de Cartagena y la Alcaldía Mayor de la ciudad. Las tensiones aumentaron después de que la contralora Ángela Cubides ordenara una serie de allanamientos el pasado 2 de enero en varias dependencias de la administración distrital. Este enfrentamiento se centra en la legalidad de dichos procedimientos, que fueron realizados en el marco de una auditoría para verificar el cierre de la vigencia fiscal 2024.
La Alcaldía ha expresado su desacuerdo con los allanamientos, argumentando que la Contraloría Distrital no tiene la facultad para llevar a cabo este tipo de procedimientos, y que solo el Contralor General de la República posee esa competencia. A través del Comité Central de Auditoría, enviaron un oficio a la Contraloría Distrital, en el que señalan que el control fiscal no debe realizarse de manera previa y que dicha modalidad está proscrita por la Constitución Política. Además, argumentan que las actuaciones del órgano de control deberían estar previstas en el Plan de Vigilancia fiscal territorial y que no han recibido conocimiento de su aprobación ni publicación.
Por su parte, los sindicatos de la Contraloría Distrital de Cartagena han defendido la legalidad de los allanamientos, asegurando que la entidad tiene la obligación de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. En su comunicado, destacan que la Constitución y la ley facultan a las contralorías territoriales para ejercer control posterior y selectivo sobre los recursos del ente territorial. También citan el Decreto Ley 403 de 2020 como base para realizar visitas, inspecciones y verificaciones dentro del marco de su función fiscalizadora.
Ante esta situación, la Alcaldía ha argumentado que la proximidad de la rendición electrónica de cuentas permitirá a la Contraloría ejercer sus funciones dentro del marco legal, y que la reciente reducción presupuestaria no justifica la realización de los allanamientos. En respuesta, los sindicatos de la Contraloría Distrital han respaldado la postura de la entidad, asegurando que el control fiscal no debe verse afectado por recortes en el presupuesto y rechazando las acusaciones de la Alcaldía, las cuales califican de infundadas.
Finalmente, los sindicatos hicieron un llamado a la Alcaldía para que colabore con las actuaciones de la Contraloría Distrital, reiterando que la labor de control fiscal es un mandato constitucional y no debe ser politizada. Invitaron a la administración a demostrar su compromiso con la transparencia y la legalidad a través de hechos concretos.
Y.A.
