Parece que los problemas que Santa Marta pensó haber dejado atrás siguen siendo su carga más pesada.
Mientras la ciudad se ahoga bajo montañas de basura, es arrasada por inundaciones y, ahora, se queda sin agua potable debido a intereses ajenos al bienestar de los samarios, la administración distrital parece sumida en una inacción absoluta.
Uno de los casos más graves es el de las basuras, que invaden las calles y parques, creando no solo una imagen de descuido, sino también un grave riesgo sanitario para los habitantes. Las calles de la ciudad, que deberían reflejar progreso y modernidad, están llenas de desechos que el gobierno local no ha sabido gestionar ni siquiera después de numerosas advertencias.
Pero eso no es todo. Las lluvias de esta temporada han puesto al descubierto la negligencia de la administración en cuanto a la gestión de las obras de infraestructura. Las inundaciones en el sector de Pescaito han vuelto a golpear con fuerza, cuando hace meses se iniciaron trabajos del colector pluvial, supuestamente para mitigar este tipo de desastres. El abandono de estas obras es evidente, y el sufrimiento de las familias que viven en esa zona vulnerable ya no es un secreto para nadie.
Sin embargo, el golpe más fuerte y escandaloso viene del agua. Más de 200 barrios de Santa Marta se ven hoy privados del acceso a agua potable, no por una emergencia natural, sino por un hecho que refleja una grave crisis institucional y administrativa.
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) ha concedido parte del cauce del río Piedras, fuente de agua para el acueducto de la ciudad, a terceros, lo que ha dado lugar a un cierre arbitrario del caudal, poniendo en peligro el suministro para miles de familias.
La situación, lejos de mejorar, ha sido manipulada por actores desconocidos que, según se menciona, están presionando para que se pague un aumento del 40% en las tarifas del agua. ¿Cómo es posible que una entidad encargada de velar por el manejo de los recursos hídricos y ambientales permita semejante atropello a la población?
En medio de este caos, las declaraciones de Corpamag no hacen sino generar más dudas que respuestas. Según voceros de la entidad, los problemas de agua se deben a un conflicto que involucra a diversas instituciones, entre ellas la Alcaldía Distrital, la empresa de servicios públicos ESSMAR y la empresa energética AIR-E, además de comunidades en áreas rurales. Lo cierto es que el desorden y la falta de coordinación entre estas entidades han dejado a los samarios sin el vital líquido, mientras que las autoridades se limitan a hablar de «acuerdos» y «normas vigentes», sin ofrecer soluciones concretas.
Incluso el exconcejal condenado por parapolítica, Romualdo Macías, ha señalado que el cierre del cauce podría ser una orden de la organización criminal Los Pachencas. Ante semejante acusación, la respuesta de Corpamag ha sido tan vaga como preocupante. A pesar de la gravedad de la situación, no se ha visto una acción contundente que garantice la restauración del servicio de agua para la ciudadanía.
Santa Marta no solo padece de la falta de gestión de su administración, sino que sufre las consecuencias de un entramado de intereses que privilegia la extorsión y el abuso, dejando a los samarios a merced de unos pocos que juegan con sus necesidades básicas. Mientras tanto, las autoridades responsables se limitan a parrafadas burocráticas que no resuelven nada, mientras la ciudad sigue hundiéndose en el caos.
