El presidente Gustavo Petro respaldó este lunes el aumento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, una cifra que ha sido objeto de intensas críticas desde diferentes sectores del país.
Según Petro, esta decisión está basada en las irregularidades detectadas por su gobierno en la administración de los recursos por parte de las EPS, que, según el mandatario, han ocultado y manipulado datos, afectando así el bienestar del sistema de salud.
El incremento de la UPC ha sido considerado insuficiente por varias agremiaciones de salud y expertos, que argumentan que no cubre las necesidades actuales del sistema ni las proyecciones previas, que alcanzaban un 16,9% como cifra ideal para el año en curso. Sin embargo, Petro defendió la decisión, asegurando que, si bien el aumento es menor al de los años anteriores, sigue siendo superior a la inflación.
«Es cierto que hemos elevado la UPC en más de un 16% en el primer año, un 12% en el segundo y este año un 5,3%. Todos estos aumentos han sido superiores a la inflación«, afirmó el presidente en sus redes sociales. En su declaración, Petro explicó que el ajuste para 2025 responde a un análisis profundo de las finanzas del sistema de salud, especialmente a las discrepancias detectadas en los informes entregados por las EPS, que, según el gobierno, manipulan datos como las consultas reportadas y el gasto en tratamientos y medicinas.
El presidente también planteó una serie de interrogantes dirigidas a las EPS, cuestionando la eficiencia en el uso de los recursos públicos que se destinan a la salud, además de recordar que, bajo la ley, si existen inconsistencias en los datos, la UPC debe ajustarse conforme a la tasa de inflación causada.
«¿Cuál es la eficiencia del uso de los recursos en estas EPS? ¿Por qué no están comprando los medicamentos necesarios?», agregó Petro en su mensaje.
Por su parte, la crítica al aumento de la UPC ha ido en aumento. Recientemente, la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesea) calificó la medida como un «desequilibrio para los hospitales públicos», mientras que la Asociación de Trasplante de Órganos expresó su preocupación por los riesgos que este aumento podría significar para los programas de trasplante y el acceso a medicamentos de alto costo.
Expertos en salud, exministros y exviceministros también han manifestado su desacuerdo, calificando la medida como «irresponsable» y «sin sustento técnico». Según ellos, el aumento podría agravar aún más las condiciones operativas de las aseguradoras, clínicas y hospitales, afectando principalmente a los usuarios y pacientes, quienes enfrentarán mayores dificultades en el acceso a servicios médicos.
La controversia sobre la UPC se enmarca en el debate más amplio sobre la reforma al sistema de salud en Colombia, que ha generado divisiones entre el gobierno y diversos sectores del país.
La solicitud de una mesa técnica con el presidente Petro para revisar esta medida continúa siendo un tema prioritario para las organizaciones y actores del sector salud.
