El Juzgado 12 Penal de Cartagena desestimó la tutela interpuesta por el veedor Carlos Bossa, quien había cuestionado la licitación pública SED-004-2024 relacionada con la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la ciudad. El veedor argumentó que el proceso de contratación imponía «exigencias desproporcionadas» para contratar el servicio de alimentación escolar, que tiene un valor de $384.552.735.910 y tiene como objetivo alimentar a 110.000 estudiantes del Distrito de Cartagena durante el período académico de 2025 a 2027.
Tras analizar el caso, el Juzgado concluyó que no se encontraron pruebas de irregularidades en la licitación, lo que llevó al fallo en contra de la tutela. La Alcaldía de Cartagena, a través de su Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría de Educación, había solicitado al tribunal declarar improcedente la acción, argumentando que el veedor ya había recibido una respuesta a sus inquietudes mediante un derecho de petición.
El juez José Luis Sepúlveda Vargas señaló que la tutela no cumplía con los requisitos necesarios para proceder y que no se había demostrado un daño irreparable. Con este fallo, se ratifica la transparencia del proceso de contratación del PAE, reafirmando la validez de la licitación y el compromiso de la administración municipal con la educación y alimentación de los estudiantes cartageneros.
