Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas fueron sancionados por no garantizar el 30% de participación femenina en cargos decisionales, como lo establece la Ley 581 de 2000.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de suspensión por cinco meses a los exdirectores generales de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas, debido a su incumplimiento de la Ley 581 de 2000. Esta normativa establece un porcentaje mínimo de participación de la mujer en cargos de decisión dentro de las entidades públicas.
El fallo del organismo determinó que ambos exfuncionarios no cumplieron con sus responsabilidades legales en cuanto a la equidad de género durante su gestión. Espitia Garzón incurrió en la infracción entre el 1 y 2 de enero, así como entre el 8 y 26 de septiembre de 2022, mientras que Rodríguez Casas lo hizo entre el 28 de septiembre y el 31 de diciembre del mismo año. Ambos debían garantizar que al menos el 30% de la nómina de la entidad estuviera compuesta por mujeres en cargos de toma de decisiones.
La procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento calificó el incumplimiento como una falta gravísima a título de culpa grave, lo que conllevó a la suspensión temporal de sus funciones y la obligación de devolver los salarios devengados durante los cinco meses de sanción, lo que representa un monto cercano a los 68 millones de pesos para cada uno. Tras esta sanción, ambos exdirectores ya no ocupan sus cargos en la entidad.
Esta decisión subraya el compromiso del organismo de control con la implementación de políticas que promuevan la equidad de género en los niveles de toma de decisiones dentro del sector público, tal como lo establece la legislación vigente.
Y.A.
