El gobierno de Filipinas ha iniciado una operación a gran escala para localizar y deportar a más de 11,000 trabajadores extranjeros vinculados a casinos virtuales ilegales, conocidos como POGOs (Operadores de Juego Extraterritoriales). Estas plataformas, que operaron legalmente durante varios años, fueron prohibidas tras ser asociadas con estafas, tráfico humano y otros delitos graves.
Joel Anthony Viado, jefe del Departamento de Inmigración, señaló que estos empleados, que no abandonaron el país antes del 31 de diciembre como se les había ordenado, serán considerados inmigrantes ilegales y estarán sujetos a una persecución intensificada. Hasta el momento, 22,609 trabajadores ya han salido voluntariamente, pero 11,254 aún permanecen en el país.
Los POGOs, que en 2019 generaron ingresos de más de 1,780 millones de dólares, se convirtieron en sinónimo de actividades criminales tras ocho años de operación. En noviembre pasado, el presidente Ferdinand Marcos Jr. oficializó la ilegalización de estas plataformas, cumpliendo con su compromiso de eliminar su presencia en el país.
A pesar de la clausura oficial, las autoridades temen que algunos operadores continúen trabajando de manera clandestina en pequeños grupos. Esta situación mantiene en alerta al gobierno, que busca erradicar completamente estas redes ilegales y restaurar la seguridad en el sector de juegos de azar.
