Un informe internacional ha sacado a la luz graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, presuntamente cometidas durante el periodo electoral de 2024. Según la investigación liderada por organizaciones como el Movimiento contra la Intolerancia y el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación de España (Covidod), el gobierno de Nicolás Maduro estaría implicado en crímenes como homicidios, torturas y represión violenta de protestas.
El reporte, presentado en Madrid, señala que al menos 35 personas murieron y otras 850 fueron detenidas en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. Además, se acusa al presidente Maduro de fomentar discursos de odio, amenazando incluso con un «baño de sangre» durante un acto electoral si la oposición ganaba las elecciones. Aunque los resultados oficiales lo dieron como vencedor, la oposición denunció fraude y aseguró que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador.
Ambos líderes han convocado manifestaciones para el 10 de enero, día de la toma de posesión presidencial, lo que incrementa las tensiones en un país profundamente polarizado. Mientras tanto, las autoridades venezolanas han ofrecido una recompensa por información sobre González Urrutia, actualmente exiliado, acusándolo de varios delitos.
Los defensores de derechos humanos han criticado el uso de leyes contra el odio para perseguir a opositores, pero confían en que estas normativas puedan ser utilizadas en el futuro para procesar a los responsables de violaciones graves y garantizar justicia a las víctimas. Este panorama refleja una Venezuela inmersa en una crisis política y social que sigue generando preocupación a nivel internacional.
