Corea del Norte ha implementado una nueva y severa política contra los divorcios, enviando a todos los excónyuges a campos de trabajo forzado para su «reeducación».
La medida busca frenar lo que el régimen de Kim Jong-un considera una «tendencia antisocialista», ligada principalmente a la baja tasa de natalidad en el país.
El régimen ha identificado el divorcio como un factor clave en la disminución de la natalidad, que considera un desafío para la estabilidad del régimen. Desde principios de diciembre, Kim Jong-un lanzó una campaña instando a las mujeres a evitar el divorcio y a «contrarrestar» la tendencia de no tener hijos. Sin embargo, la medida ha generado gran controversia, ya que se castiga igualmente a ambos miembros de la pareja, independientemente de quién haya solicitado la disolución del matrimonio.
La política, que también se extiende a funcionarios del Partido de los Trabajadores, que enfrentan expulsiones si se divorcian, subraya la importancia que el régimen le da a la unidad familiar. Sin embargo, varios testimonios de personas que han vivido esta experiencia denuncian que las mujeres enfrentan penas más duras que los hombres, con sentencias más largas y condiciones más difíciles en los campos de trabajo. Este enfoque represivo es parte de un esfuerzo mayor para revertir la crisis demográfica en el país, pero podría tener consecuencias inesperadas, como un aumento en el número de jóvenes que renuncian al matrimonio por miedo a las represalias.
