En un informe reciente, la Misión de Expertas Electorales del Centro Carter, invitada por las autoridades electorales colombianas, presentó una evaluación sobre las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia.
El análisis se centró en la transparencia del proceso electoral, la implementación de los Acuerdos de Paz en la reforma electoral y el marco legal y administrativo que rige los comicios.
El informe destacó que, a pesar de las dificultades y los desafíos presentados, las elecciones se desarrollaron de manera ordenada y pacífica. Gustavo Petro, del Pacto Histórico, resultó ganador con el 50.42% de los votos, mientras que Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuvo el 47.35%. A pesar de una polarización política extrema y un creciente deterioro de la seguridad durante la campaña, la participación electoral alcanzó el 58%, la más alta desde 1998.
Sin embargo, la misión también señaló varios puntos críticos que afectaron la confianza de los colombianos en el proceso electoral. Entre estos, se destacó la desconfianza en el sistema debido a la falta de transparencia en las elecciones legislativas previas, las deficiencias en el diseño institucional electoral y los problemas con la financiación política, que aumentaron la posibilidad de recurrir a fuentes ilícitas y afectaron la equidad en la competencia electoral.
La misión también subrayó la importancia de una reforma electoral integral, recomendando la creación de un sistema que genere mayor confianza, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) más autónomo y fortalecido, y una mejora en la transparencia y el control de la financiación de las campañas. Además, propuso rediseñar la arquitectura institucional electoral, priorizando criterios técnicos y profesionales para la selección de los responsables, y recomendó una revisión del Código Electoral para abordar las inconsistencias y deficiencias del sistema actual.
Entre otras recomendaciones clave, el Centro Carter sugirió la necesidad de reformar la financiación de los partidos políticos, aumentar la financiación pública y restringir la privada, así como fortalecer el control de las campañas electorales y la lucha contra la desinformación en las redes sociales.
A pesar de los avances en áreas como la implementación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) y el Estatuto de Oposición, la misión concluyó que Colombia aún enfrenta un largo camino para consolidar la confianza en sus procesos electorales, destacando la urgencia de una reforma que permita mejorar la transparencia y fortalecer la democracia.
Por su parte, el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO, el pasado mes de noviembre envió al Consejo Nacional Electoral – CNE una misiva en la que habla de la Modificación declaración política en conformidad con las disposiciones constitucionales y normativas vigentes.
