Juez federal dicta medida histórica contra el régimen nicaragüense por violaciones a los derechos humanos.
El juez federal argentino Ariel Lijo emitió una orden de captura internacional contra el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. La medida también incluye a altos funcionarios del régimen en una causa presentada bajo el principio de jurisdicción universal.
La denuncia fue impulsada por el abogado Darío Richarte, junto con un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, quienes recopilaron pruebas durante más de dos años. Según Richarte, esta resolución “marca un antes y un después en materia de justicia universal” y visibiliza las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018.
Entre los delitos señalados se encuentran asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados, muchos de ellos documentados con testimonios de víctimas y reportes de organismos internacionales. El expediente también incluye siete ampliaciones presentadas entre noviembre de 2022 y febrero de 2024.
La resolución del juez Lijo se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos juzgar crímenes graves independientemente de dónde se hayan cometido. Este principio fue respaldado por el fiscal Eduardo Taiano y está acompañado por informes de organismos internacionales y pruebas recopiladas en colaboración con diversas instituciones.
Richarte calificó el fallo como un paso crucial para “aislar a los dictadores” y comprometer a la comunidad internacional en la defensa de la democracia. Asimismo, subrayó que esta decisión pone presión sobre los organismos multilaterales y gobiernos regionales para que adopten medidas concretas contra el régimen nicaragüense.
El pedido de captura internacional representa un desafío diplomático significativo para Ortega y Murillo, mientras la causa continúa abierta en Argentina. Los denunciantes esperan que este precedente contribuya a la restauración de la democracia en Nicaragua y a la justicia para las víctimas de su régimen.
