El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió las acusaciones de la congresista Cathy Juvinao sobre deudas millonarias con universidades públicas, acusaciones que, según el mandatario, forman parte de una estrategia electoral para desprestigiar al gobierno y favorecer a la candidata Claudia López.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Petro aseguró que no existe una deuda de un billón de pesos con las universidades públicas, como lo había señalado la congresista Juvinao en redes sociales. Además, el presidente destacó que el programa de gratuidad universitaria será ampliado para el año 2025 y se trasladará su financiación al Ministerio de Hacienda, garantizando su inclusión en la base financiera de la ley 30, lo que lo haría irreversible para los próximos gobiernos.
La denuncia de Juvinao se sustentaba en una tabla presentada con datos del Ministerio de Educación, en la que se detallaban deudas por más de un billón de pesos con 19 universidades públicas. Sin embargo, según Petro, esta información es incorrecta y responde a una campaña para desacreditar al gobierno.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional emitió un comunicado en el que aclaró varios puntos, señalando que a la fecha se han girado a las universidades públicas un total de 1,75 billones de pesos, es decir, el 85% de lo comprometido. El saldo restante, de 319 mil millones de pesos, está en proceso de conciliación con las universidades, lo cual asegura la transparencia en el manejo de los recursos.
El Ministerio también desmintió las acusaciones de que el presupuesto educativo no esté priorizando a la educación superior, como indicó Juvinao. El presupuesto aprobado para el sector educativo en 2024 es el más alto de la historia, alcanzando los 70,4 billones de pesos, con 12,2 billones destinados específicamente a la educación superior.
Adicionalmente, se refutó la afirmación de que se habrían recortado 2,2 billones de pesos del ICETEX para redirigirlos a la gratuidad. El Ministerio aseguró que este supuesto recorte es infundado y fue aclarado en el Congreso.
Finalmente, el comunicado subrayó que los recursos destinados a la educación superior se han programado y ejecutado correctamente, y que la Ley de Financiamiento, que no fue aprobada por el Congreso, buscaba precisamente garantizar más recursos para el sector educativo.
Este intercambio de acusaciones y desmentidos refleja la tensión política en el país en un año electoral, donde el tema de la educación ha sido uno de los puntos clave de debate.
