Patricia Caicedo Omar es el rostro de una forma de hacer política comprometida, disruptiva y profundamente afectiva desde el Caribe. Su vida y trayectoria reflejan la esencia de una mujer que no solo representa a Santa Marta y al Magdalena, sino que encarna los anhelos de progreso y justicia social de toda una región.
Una Visión desde el Caribe
Patricia ha demostrado que los liderazgos regionales son cruciales para el desarrollo político y social del país, aportando una perspectiva mucho más profunda, conectada y diversa. Desde el Magdalena, ha impulsado iniciativas con impacto directo en el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la construcción de equidad social, convirtiéndose en una referente clave.
Su experiencia en el ámbito público se ha forjado en la lucha no solo por los derechos humanos y ambientales, sino también desde su perspectiva como mujer y lo que esto implica para la política local. Ha liderado estas discusiones desde el Concejo, la dirección del DADSA en Santa Marta y como gerente de la empresa de servicios públicos ESSMAR.
En estos espacios, siempre avanzó con un enfoque de sostenibilidad. Por ello, insistió en consolidar a Santa Marta como una ciudad libre de plásticos de un solo uso, logro alcanzado desde la oficina ambiental del distrito. Además, defendió firmemente los derechos ambientales y sanitarios de los samarios, enfrentando los entramados de corrupción en el negocio de las basuras desde la ESSMAR. En esta batalla, tuvo que resistir el saboteo del expresidente Duque, quien de manera irregular intervino la empresa, lo que culminó en el actual desastre de manejo de residuos en Santa Marta.
Su cercanía con el sentir popular la llevó a presentar su candidatura a la alcaldía de Santa Marta, una propuesta que, a todas luces, era la más opcionada para el triunfo electoral, siendo, además la única candidata mujer.
Sin embargo, las grandes maquinarias políticas que dominan la región intervinieron, y en medio de una serie de sucesos y entramados oscuros, en los que primaron intereses de ciertos sectores sobre los derechos políticos de una ciudadana, Patricia Caicedo fue inhabilitada de su candidatura, un mes antes de la elecciones y dos dias antes del cierre de modificación de candidatos a la alcaldía, evitando así que su partido participara con todas las garabtias en las elecciones con un nuevo candidato, lo que dejo vía al candidato del mismo partido del entonces Magistrado que la inhabilitó. Este episodio se convirtió en uno de los fraudes electorales más escandalosos de los últimos años en el país, donde el candidato perdedor fue impuesto por los mismos poderes que apartaron a Patricia del camino, anulando y desconociendo la voluntad de 85. 504 ciudadanos que le dieron el triunfo en las urnas a su partido; estos votos desaparecieron fraudulentamente en la Comisión Escrutadora que decidió elegir al candidato derrotado en las urnas.
Pero, no claudica su lucha por las causas justas, y esto ha sido una constante en la vida de Patricia Caicedo. Desde el Magdalena, sigue siendo una defensora del proyecto político del presidente Gustavo Petro. Hoy, Patricia recorre el departamento como asesora de la Agencia Nacional de Tierras, alcanzando resultados positivos que han permitido que la reforma agraria en el departamento goce de credibilidad en todas las organizaciones que por fin ven en el gobierno de Gustavo Petro el cumplimiento efectivo de esta política de Estado.
Hablamos con ella en La Libertad y esto fue lo que nos contó.
El Robo Electoral en Santa Marta
Pasado un año de gobierno del alcalde Carlos Pinedo nos lleva a preguntarle sobre su presunta inhabilidad que la sacó de su carrera por la alcaldía de Santa Marta, el papel del ex magistrado Cesar Lorduy y la actuación del CNE en esta situación ¿Cuál es su reflexión, hoy, ya de manera más tranquilla y reposada?
Es indudable que Santa Marta es testigo de uno de los episodios más oscuros y antidemocráticos en la historia reciente de Colombia. La inhabilitación arbitraria de mi candidatura, sumada al descarado robo de las elecciones distritales, es un ataque directo a la soberanía popular y una muestra contundente de cómo las mafias políticas, la corrupción y los intereses corruptos conspiran para aplastar la voluntad de un pueblo.
Estoy convencida de que el verdadero golpe vino con la manipulación descarada del sistema electoral. La comisión escrutadora, actuando al margen de la Constitución y la ley, decidió no contar los votos de miles de samarios, ignorando el mandato sagrado del constituyente primario.
Estas acciones, respaldadas por el entonces registrador nacional Alexander Vega, quien públicamente declaró que los votos no serían contabilizados, son la prueba irrefutable de un plan orquestado para robarse la alcaldía a Santa Marta.
Lo sucedido no fue casualidad ni un error administrativo. Fue un golpe quirúrgico, meticulosamente planeado, ejecutado por quienes han perfeccionado el arte de la corrupción y la manipulación. Este acto no solo es una afrenta contra Santa Marta, sino contra toda Colombia, pues deja en evidencia cómo el sistema electoral puede ser utilizado como herramienta para perpetuar el poder de unos pocos.
Este episodio no es un hecho aislado. Es un golpe blando contra la democracia, liderado por clanes políticos locales en alianza con sectores de la derecha nacional, que han demostrado que tienen el dinero, las conexiones y la influencia para silenciar a los ciudadanos. Han usado a las instituciones como armas para consolidar su control y perpetuar un sistema basado el clientelismo y el desprecio por el pueblo.
Lourduy: presunto feminicidio, acoso sexual y corrupción
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), liderada por el cuestionado exmagistrado César Lorduy, de inhabilitarme fue entre otras cosas un acto de misoginia: fue un movimiento político premeditado para sacar del camino a una mujer que representaba una amenaza real para las familias políticas tradicionalmente corruptas del Magdalena y el Caribe.
Este fallo no solo desconoció mi derecho a participar en política, sino que también despojó a los ciudadanos de la posibilidad de elegir a quien legítimamente los representaba. Una candidatura que además lideró siempre todas las encuestas de opinión, es decir, por donde se mire, aquí hubo maquinación, ilegalidad y violación de derechos.
Hoy los hechos nos dan la razón, Lorduy, está envuelto en denuncias de acoso sexual y señalado por actuaciones cuestionables. Este señor simboliza la podredumbre que permea las instituciones que deberían garantizar la transparencia y la justicia a los colombianos.
Su renuncia al CNE no es suficiente; debe responder ante la justicia por sus actos, no solo contra Patricia Caicedo, sino contra todas las mujeres y ciudadanos que se vieron afectados por su actuar corrupto y antidemocrático.
El robo electoral en Santa Marta nos recuerda a aquel 19 de abril de 1970 donde las elecciones daban a un Rojas Pinillas como presidente, pero las fuerzas políticas hegemónicas impusieron a Misael Pastrana Borrero. Asimismo la Registraduría, el sistema judicial y los clanes políticos se alinearon para burlar la voluntad popular. La historia se repite con métodos más refinados, pero igual de detestables.
Hoy más que nunca, es necesario alzar nuestra voz, exigir justicia y proteger la democracia. Este no es solo el caso de Patricia Caicedo, ni de Santa Marta. Es una lucha por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, por el respeto al voto y por el futuro de Colombia como una nación verdaderamente democrática.
Su inhabilidad abre una discusión especifica.
Si, pero antes de la inhabilidad, tenemos que hablar de justicia política para la participación efectiva de la mujer. Es una discusión que la Colombia democrática no ha abordado y que resulta necesaria, dada las brechas existentes en torno a los accesos de liderazgos femeninos al poder.
En mi caso concreto se me señala de una presunta inhabilidad porque mi hermano estaba en un cargo de elección popular, resulta una acción incoherente porque se desconoce mi proceso político independiente, probado y reconocido por la ciudadanía y en los resultados electorales.
Es hora de que en Colombia empecemos a hablar de una jurisprudencia especial para las mujeres en política. En esto ya estamos trabajando con colectivos nacionales e internacionales. Pero para nadie es un secreto que mi caso se repite con muchas otras mujeres que, teniendo esposos, padres, o hermanos en cargo públicos, se le prohíbe o se les anula su participación en procesos electorales.
En estos casos puntuales, no podemos simplificar la discusión a un hecho de nepotismo. Aquí lo que se desconoce es la capacidad de una mujer de tener un liderazgo propio, construido a lo largo del tiempo de manera independiente.
¿Usted que es una dirigente progresista alternativa y que fue gerente de la campaña Petro presidente en el departamento del Magdalena con una votación muy importante, como ve hoy el gobierno de Gustavo Petro y el hecho de que un gobierno progresista y de izquierda por primera vez llegue al poder? ¿Cómo analiza los problemas que ha tenido Petro?
La llegada de Gustavo Francisco al poder representa un hito histórico: por primera vez, Colombia tiene un gobierno de izquierda, respaldado por millones de ciudadanos que exigen justicia social, inclusión y paz. Desde el Magdalena, donde la campaña tuvo un respaldo contundente, celebramos un proyecto progresista que prioriza la transición energética, la reforma agraria, la paz total y la lucha contra la desigualdad.
Este gobierno ha puesto en el centro de la agenda nacional a los sectores populares, rurales, campesinos y afrodescendientes, impulsando transformaciones que buscan romper con décadas de exclusión y abandono estatal.
Sin embargo, enfrenta obstáculos enormes: una oposición agresiva de las élites que defienden sus privilegios, la fragmentación política en el Congreso, que dificulta aprobar reformas, las altas expectativas ciudadanas que demandan resultados inmediatos y la resistencia de sectores judiciales y electorales que frenan el cambio.
Desde el Magdalena, sabemos lo que significa enfrentar el poder tradicional. Por eso respaldamos con firmeza este gobierno, reconociendo que el cambio es un proceso colectivo que requiere unidad y determinación.
Este gobierno es el camino hacia una Colombia más justa, y aunque los retos son grandes, no podemos retroceder.
Aquí seguimos en la tarea de comunicar e impulsar en municipios, corregimientos, veredas, caseríos y cualquier espacio los inmensos logros del gobierno que los medios tradicionales quieren ocultar.
Hoy la vemos reuniéndose con campesinos, defendiendo la Reforma Agraria y recorriendo nuevamente el Magdalena y la región Caribe. ¿Cómo ha sido su experiencia como asesora para la Agencia Nacional de Tierras?
Además de ser un enorme reto, recorrer este departamento y la región es una tarea compleja. Al mismo tiempo, ha sido algo gratificante, pues ser un actor clave en la consecución de justicia para miles de familias campesinas del Magdalena, que anhelan tener tierra propia para cultivar y subsistir, me ha permitido reafirmar mis esperanzas en un proyecto político donde las mayorías ven reivindicados sus derechos. No es exagerado decir que vivimos en un país donde una vaca tiene más tierra que un campesino.
Hoy podemos decir que, bajo la dirección de Felipe Harman y la presidencia de Gustavo Petro, en dos años se ha hecho por la paz y la justicia agraria lo que en veinte años no hicieron los gobiernos de derecha. Las cifras de hectáreas de tierras entregadas a asociaciones campesinas están ahí para demostrarlo.
En medio de esta turbulencia política, la polarización, su distanciamiento de Fuerza Ciudadana y su propio camino, ¿cuál es su futuro próximo?
De momento, seguir trabajando. Me siento muy feliz que en el Magdalena con la Agencia Nacional de Tierras tenemos un equipazo, con el que hemos cumplido todos los indicadores de la reforma agraria antes de lo previsto. Mi plan es seguir avanzando en lo encomendado por el presidente Petro y el destacable liderazgo del compañero Felipe Harman, que es la restitución de derechos de las familias campesinas, afro, indígenas y mujeres rurales en el Magdalena y lograr una reforma justa, reparadora y rápida con enfoque integral. El próximo año nuestro propósito es lograr hacer de más campesinos propietarios de tierra con acceso a proyectos productivos.
Y a tu pregunta de mi futuro próximo; estoy trabajado en un proyecto Caribe con incidencia nacional. Queremos que el país político y las fuerzas alternativas reconozcan que nuestra región es un factor clave en la elección presidencial y que, además, existen liderazgos capaces de alcanzar instancias de poder y hacerlo bien.
Durante demasiado tiempo, desde el centralismo, se nos han impuesto candidatos que en su mayoría no conocen ni entienden nuestras realidades, ignorando además la riqueza y el potencial de la ciudadanía de esta región. Vemos entonces funcionarios que vienen y luego desaparecen.
Esta región, que fue clave y decisiva para la elección del presidente, anhela ver reflejada su fuerza y compromiso en espacios de representación nacional. Aunque reconocemos los esfuerzos del gobierno para dar alcance a las regiones no podemos negar que sufrimos la ausencia de la región Caribe en el gabinete presidencial.
Es decir, es necesario llevar la voz regional al gobierno nacional y también a las próximas candidaturas a congreso y presidencia. Por lo que seguiré trabajando para aportar en la consolidación del Frente Amplio Caribe, que buscamos sea una forma organizativa vinculante, incluyente y soñadora.
Desde el corazón de una región que ha dado mucho a la cultura, la lucha social y la historia de este país, queremos seguir aportando y tener la oportunidad de contribuir a la materialización de ese país más justo y equitativo al que tantos sacrificios le hemos entregado. Hoy, como nunca, la región Caribe tiene fisonomía política y una historia de resistencia que amorosamente exige que se le tenga en cuenta.
