Una realidad que no admite discusión se patentiza en el hecho que un número considerable de municipios de la región Caribe atraviesan dificultades presupuestales –las que se acrecientan todos los años en esta época decembrina– por lo que muchos de los entes territoriales han llegado a una situación tan deficitaria que se contempla la posibilidad de bajarlos de categoría.
Son tan apremiantes los problemas económicos que padecen algunas municipalidades, que el Departamento Nacional de Planeación ha recomendado que sean anexados y pasen a conformar municipios vecinos que ostenten mejores medios de supervivencia como tales, o que varios municipios que hayan llegado al estado de pauperización, ubicados en una misma zona, se unan para conformar uno solo.
Este es un proyecto que en varias ocasiones ha sido mencionado como una solución, para de esta manera buscar la posibilidad de convertir en realidad muchos proyectos sumamente primordiales, pero que debido a la precariedad de recursos en muchos municipios, nunca será posible, porque este fenómeno obviamente trae como consecuencia la inexistencia total de capacidad de endeudamiento, por la sencilla razón que ésta se encuentra copada desde hace muchos años.
Lo cierto es que los municipios en Colombia experimentaron un alivio a sus afugias económicas, con la implementación del sistema de las transferencias que les gira la nación; las aludidas entidades territoriales lograron cambiar su nivel en torno a las posibilidades de soluciones en beneficio de la comunidad, pero con el transcurrir de los años estos fueron cayendo paulatinamente en tal estado de estrechez económica, que no les ha sido posible acometer las obras de infraestructura necesarias y cumplir con las obligaciones contraídas en cuanto a la cobertura de las necesidades básicas insatisfechas de sus habitantes; circunstancia que ha provocado que la mayoría de municipios se encuentren acogidos a la Ley 550 de 1999.
El altísimo déficit que existe en la mayoría de municipios, se ha convertido con el transcurrir del tiempo, por concepto de intereses corrientes y moratorios, honorarios de abogados y costas judiciales, en un casi impagable pasivo de incalculables proporciones, representados en demandas ejecutivas con las respectivas medidas cautelares, que como es lógico suponer, afectan el normal funcionamiento de cualquier municipio, lo cual trae como consecuencia una disminución en la inversión social.
Sin lugar a duda uno de los problemas que continúa incidiendo en la actual situación de muchos municipios, lo constituye el hecho que la mayoría están catalogados como incipientes en lo atinente a la recaudación de recursos propios, hasta el punto que estos no les alcanzan siquiera para cumplir con una tercera parte de los compromisos adquiridos, incluso muchas veces se quedan cortos hasta en el cubrimiento de sus gastos de funcionamiento.
Ante una situación de este tenor se hace imposible que algunos municipios puedan sobrevivir presupuestalmente, es un fenómeno negativo que desde luego incide en la buena marcha de un ente de esta naturaleza. Según informes conocidos por LA LIBERTAD, en los últimos dos años, la gestión de recaudo había experimentado un leve incremento en varios municipios de esta sección del país, pero aún así, no les alcanza para equilibrarlos frente a los gastos, generándose una alta dependencia de los recursos transferidos por la Nación por concepto de regalías, que es en realidad con lo único que pueden contar muchos municipios al momento de realizar un balance.
