La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y entidades estatales señaladas por omisiones que llevaron a una de las peores tragedias infantiles en Colombia.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
El pasado 6 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado emitió un fallo decisivo sobre el trágico incendio de un vehículo en Fundación, Magdalena, ocurrido el 18 de mayo de 2014. Este suceso, que dejó 33 niños y un adulto muertos, así como numerosos heridos, fue atribuido a una serie de negligencias y omisiones tanto de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia como de varias entidades estatales. El hecho, considerado una de las peores tragedias en la historia reciente del país, expone fallas sistémicas en la regulación y control del transporte.
Los hechos
El incidente ocurrió cuando un grupo de más de 60 niños regresaba a sus hogares después de participar en actividades religiosas organizadas por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Según el expediente judicial, el vehículo utilizado para el transporte, una buseta de placas UV8-556, contaba con más de 20 años de servicio y no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad: tenía la licencia de tránsito cancelada, carecía de revisión técnico-mecánica vigente y el seguro obligatorio estaba vencido. Además, el conductor, desvinculado de la empresa transportadora, no poseía tarjeta de conducción habilitada.
El día del siniestro, mientras el vehículo transitaba entre Fundación y Bosconia, el motor falló. En un intento de reparar la avería, el conductor manipuló gasolina sin evacuar a los ocupantes, lo que resultó en una violenta conflagración. “Los niños se aglomeraron en la parte posterior, pero las llamas les impidieron salir, quedando atrapados en el interior del vehículo”, señala el documento.
Fallo judicial y responsabilidades
El Consejo de Estado estableció la responsabilidad civil extracontractual de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que permitió el uso del vehículo sin verificar su estado ni el cumplimiento de normas de seguridad. Según el fallo, la iglesia vulneró el principio de confianza de los padres de familia, quienes creyeron que sus hijos estaban siendo transportados en condiciones seguras.
Adicionalmente, se determinó que las entidades estatales también incurrieron en omisiones graves. El Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación y la Policía Nacional no implementaron controles adecuados para inmovilizar vehículos en condiciones irregulares. Asimismo, la Secretaría de Movilidad de Barranquilla permitió que la buseta siguiera operando a pesar de las múltiples infracciones en su historial.
En el fallo, el Consejo de Estado ordenó que la iglesia cubriera el 80% de la indemnización total, mientras que el 20% restante será dividido equitativamente entre el municipio de Fundación y su instituto de tránsito. “Si las negligencias del Estado respecto al control del conductor y el vehículo se hubieran corregido, el accidente podría haberse evitado”, concluyó la Sala.
Impacto en las víctimas y sus familias
Las consecuencias de esta tragedia fueron devastadoras. Además de las víctimas mortales, 32 personas resultaron con quemaduras graves, fracturas y traumas que les dejaron secuelas permanentes. El dolor de las familias fue reconocido por el tribunal, que tasó las indemnizaciones según la gravedad de los daños: por perjuicio moral, se concedieron sumas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para los padres de las víctimas.
Sin embargo, el fallo también negó algunas reclamaciones. Por ejemplo, se rechazaron indemnizaciones a familiares lejanos como tíos y abuelos, argumentando la falta de pruebas sobre el parentesco o el impacto emocional directo.
C.E Caso Fundación – Magdal… by LIBERTAD DIARIO
Una tragedia anunciada
Este caso pone de manifiesto fallos estructurales en la gestión del transporte público y en la supervisión de actividades organizadas por instituciones privadas. La falta de un sistema robusto de vigilancia y control, combinado con la imprudencia de particulares, creó las condiciones perfectas para esta tragedia.
Es crucial que las entidades estatales refuercen sus mecanismos de regulación y que las organizaciones asuman su responsabilidad como garantes de la seguridad de los menores bajo su custodia. Este fallo sienta un precedente significativo, pero también deja preguntas abiertas sobre las medidas necesarias para evitar que algo así vuelva a ocurrir.
Y.A.
