Nuevo escándalo en el mantenimiento de helicópteros rusos del Ejército colombiano

En medio de la crisis de mantenimiento que enfrenta el Ejército Nacional de Colombia con su flota de helicópteros Mi-17 de origen ruso, surgen nuevos cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad en el proceso de contratación. Más del 80% de los 17 helicópteros que se encuentran en la base de Tolemaida están inactivos debido a la falta de mantenimiento adecuado, lo que pone en riesgo la operatividad de estas aeronaves clave para las operaciones militares en el país.

El escándalo se intensifica tras las revelaciones de un presunto favorecimiento a una empresa extranjera para ejecutar el mantenimiento. Según una denuncia interpuesta ante la Procuraduría, el viceministro de Defensa, Edmundo Suárez, habría impulsado la adjudicación del contrato a la empresa MI-Series Personnel & Parts LLC, con sede en Miami, a pesar de las dudas sobre su capacidad técnica. Esta empresa no cumple con los estándares establecidos por el fabricante de los helicópteros, según los informes del propio proveedor ruso.

El proceso de selección de la empresa encargada de las reparaciones también ha sido cuestionado, ya que se conoció que funcionarios del Ejército viajaron a Estados Unidos sin seguir los protocolos establecidos para inspeccionar las instalaciones de la compañía en cuestión. A pesar de la rápida aprobación por parte de la Aerocivil para el mantenimiento, la situación ha generado serias sospechas sobre un posible tráfico de influencias en las decisiones del Ministerio de Defensa.

Este caso se suma a las tensiones políticas que rodean la gestión de los helicópteros rusos. El presidente Gustavo Petro ya había tomado la decisión de suspender el mantenimiento en Rusia y no permitir que las aeronaves fueran enviadas a Ucrania, lo que agravó aún más la falta de soporte técnico. La situación actual pone de manifiesto las fallas en la gestión y supervisión de los recursos destinados a la seguridad nacional, un tema que continúa siendo un punto crítico para el gobierno en medio de la creciente presión por mejorar la eficiencia y transparencia en el manejo de contratos millonarios.