La sentencia internacional ordena al Estado colombiano proteger las tierras ancestrales y detener proyectos extractivos en territorios U’wa.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
Tras casi dos décadas de litigios, el pueblo indígena U’wa ha logrado una victoria sin precedentes frente al Estado colombiano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que Colombia violó múltiples derechos colectivos de esta comunidad, incluyendo la propiedad colectiva, la participación política, el acceso a la información, el medio ambiente sano, la libertad de expresión y la autodeterminación. Este fallo no solo resuelve una disputa judicial que se remonta a 1998, sino que establece un precedente para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina.
Una lucha de casi 30 años
Desde 1998, cuando Evaristo Tegría, el primer abogado U’wa, presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso enfrentó una serie de retrasos significativos. Pasaron 22 años hasta que el tribunal admitió el caso, un retraso que fue criticado por la Corte IDH en su fallo. La sentencia, de 120 páginas, concluye que el Estado colombiano no cumplió con su deber de garantizar los derechos fundamentales del pueblo U’wa.
Este pueblo indígena, históricamente asentado en la falda del Nevado del Cocuy, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Santander y Boyacá, ha enfrentado constantes desafíos por parte de multinacionales petroleras y mineras que operan en sus territorios ancestrales. La Corte determinó que los proyectos extractivos no solo han afectado el medio ambiente, contaminando ríos esenciales para su estilo de vida tradicional, sino que también han vulnerado su cultura y autonomía.
Ordenes claras al Estado colombiano
El fallo de la Corte IDH establece medidas contundentes: el Estado deberá restituir las tierras ancestrales, finalizar el proceso de titulación territorial en un plazo máximo de tres años y cancelar todos los títulos mineros y petroleros en territorio U’wa. Además, deberá mitigar los daños ambientales ocasionados, como el derrame de crudo en marzo de 2014 que afectó gravemente a esta comunidad.
A pesar de los argumentos del Estado, que alegó que cancelar los proyectos extractivos podría poner en riesgo la producción energética y la estabilidad económica del país, la Corte fue enfática en señalar que los derechos de los pueblos indígenas no pueden ser subordinados al desarrollo industrial.
Laura Posada, abogada de Earth Rights International y una de las representantes legales del caso, destacó en diálogo con un medio de comunicación nacional, que la sentencia también protege las zonas adyacentes a los territorios indígenas, donde los proyectos mineros generan impactos negativos. Según Posada, esta decisión no solo beneficia al pueblo U’wa, sino que sienta las bases para la protección de otros grupos étnicos en Colombia.
Reacciones a la sentencia
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano aseguró que acatará la decisión y resaltó avances en la protección de los derechos indígenas durante las últimas dos décadas. Sin embargo, la comunidad U’wa y organizaciones internacionales como Amazon Watch han advertido sobre la urgencia de cumplir las disposiciones de la Corte.
Andrew Miller, director de defensa de Amazon Watch, fue contundente: “Ahora la administración del presidente Petro tiene que actuar con urgencia para cumplir cabalmente con la sentencia en 2025. La sentencia también reafirma el concepto de que los gobiernos, en Colombia u otros países de la región, no deben imponer industrias extractivas en territorios ancestrales indígenas en violación de sus culturas y cosmovisiones”.
Un precedente para otros pueblos indígenas
El fallo de la Corte IDH no solo representa una victoria para los U’wa, sino que se perfila como un precedente para otros pueblos indígenas en Colombia. Según Juliana Bravo, abogada del caso, este análisis podría aplicarse a otras comunidades afectadas por proyectos extractivos. “Esta decisión reitera que el derecho a la consulta previa es inviolable y que la propiedad colectiva de los pueblos étnicos debe ser respetada. Además, muestra cómo la participación activa de la comunidad, tanto en procesos jurídicos como ancestrales, es clave para lograr justicia”, afirmó Bravo.
La sentencia también resalta la labor de líderes como Evaristo Tegría y Aura Tegría, quienes desde los años 90 han trabajado para estructurar y acompañar este caso. Este enfoque colectivo, que combina el conocimiento jurídico con las tradiciones ancestrales, ha sido fundamental para alcanzar esta histórica decisión.
Así las cosas, el fallo de la Corte IDH no solo es un triunfo para el pueblo U’wa, sino un recordatorio de que los derechos de los pueblos indígenas son inalienables y deben ser priorizados frente a intereses económicos. La administración actual enfrenta el reto de cumplir con la sentencia y sentar un precedente de respeto hacia las comunidades ancestrales en Colombia.
Y.A.
