La controversia alrededor de la compra de 40 camiones cisterna por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha desatado un escándalo que involucra una posible conexión familiar con la primera dama, Verónica Alcocer. Su primo, Santiago Rafael Alcocer Vélez, es el gerente y accionista de la concesionaria Country Motors, la empresa que vendió estos vehículos a la UNGRD a un costo de 29 mil millones de pesos.
La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación están investigando posibles irregularidades en los contratos gestionados por la UNGRD, y uno de los puntos que genera sospechas es el elevado precio de los camiones cisterna, además de la relación de Alcocer Vélez con la concesionaria involucrada. El precio de los vehículos y la gestión de la compra han estado bajo escrutinio, ya que se han planteado dudas sobre la transparencia del proceso y si hubo algún tipo de favoritismo relacionado con su vínculo familiar con la primera dama.
El negocio se realizó a través de la empresa Impoamericana Roger SAS y la Corporación Conjunta para la Sostenibilidad y el Desarrollo Integral con Yapurutú, entidad creada en 2019 que ha sido vinculada con un ex político. La transacción involucró a la concesionaria Country Motors, con sede en Barranquilla, y fue gestionada mediante un acuerdo con la fábrica Colmotores, que ofreció un precio «especial» debido a que el comprador era una entidad pública.
¿Quién es Santiago Rafael Alcocer Vélez?, es el hijo de Roberto León Alcocer Rosa, quien para el año 2020 era socio fundador y presidente de Country Motors, gerente general de Vehicosta y nada más y nada menos que miembro de la junta directiva de Terpel entre 1996 y 1997. Santiago Alcocer Vélez, es el director de la concesionaria que participó en la millonaria transacción, la cual está siendo objeto de cuestionamientos por parte de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación ante presuntas irregularidades en el proceso de contratación con la UNGRD.
Santiago Rafael Alcocer Vélez, quien posee un porcentaje significativo de la concesionaria a través de su empresa Alquep SAS, se encuentra en el centro de la polémica. La conexión familiar entre el empresario y la primera dama ha puesto bajo la lupa la posibilidad de un conflicto de intereses, aunque un portavoz de la concesionaria ha asegurado que no hubo ningún tipo de influencia en las transacciones.
Por su parte, Verónica Alcocer rechazó categóricamente cualquier vínculo con el escándalo. En varias ocasiones, ha denunciado intentos de involucrarla en el caso, calificándolo como un «complot» y un «crimen de odio», argumentando que los rumores que la vinculan al caso han sido parte de una campaña de difamación impulsada por personas dentro del mismo gobierno.
A pesar de las declaraciones de la primera dama, las investigaciones continúan y se espera que se revelen más detalles sobre cómo se gestionaron estos contratos, mientras la comunidad sigue preocupada por los posibles sobrecostos en la compra de los camiones cisterna.
El caso ha trascendido más allá de las esferas políticas y legales, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la corrupción. Recientemente, las víctimas de la crisis humanitaria en La Guajira organizaron una protesta simbólica regalando carrotanques de juguete como forma de denuncia ante los sobrecostos y desfalcos en los contratos de la UNGRD.
¿Es este solo un caso de mala gestión, o la implicación familiar tiene más peso del que las autoridades están dispuestas a reconocer? Las respuestas aún están por llegar, pero este escándalo promete seguir siendo uno de los más polémicos en la administración pública de los últimos años.
