La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una sentencia histórica contra el Estado colombiano por no consultar al pueblo indígena U’wa en la ejecución de decenas de proyectos mineros y petroleros en su territorio ancestral. El fallo, considerado un hito en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, exige la restitución de tierras y la cancelación de títulos extractivos otorgados en la región.
La decisión es resultado de una lucha judicial de casi tres décadas, iniciada en 1998 por Evaristo Tegría, el primer abogado U’wa. La Corte determinó que el Estado violó derechos fundamentales de esta comunidad, entre ellos la propiedad colectiva, la consulta previa, el acceso a la información y la protección ambiental. Además, se subrayó la grave demora en la atención al caso, que estuvo estancado durante más de 22 años en el sistema interamericano.
En el fallo, el tribunal internacional ordena al gobierno colombiano cancelar todas las concesiones mineras y petroleras en los territorios de los U’wa, ubicados en los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Santander, y completar el saneamiento de sus tierras en un plazo máximo de tres años. También se le exige mitigar los daños ambientales ocasionados por actividades extractivas y derrames de crudo, como el ocurrido en 2014 que contaminó ríos vitales para la comunidad.
El Estado colombiano argumentó que cumplir con esta sentencia podría comprometer la producción energética y la estabilidad económica del país. Sin embargo, la Corte enfatizó que los derechos de los pueblos indígenas deben prevalecer sobre intereses extractivos.
Organizaciones internacionales como Amazon Watch y Earth Rights International han celebrado el fallo, calificándolo como una victoria para los derechos humanos y la protección ambiental. Laura Posada, abogada de la comunidad, destacó que esta sentencia refuerza la obligación de consultar a los pueblos indígenas y respetar su decisión, incluso en proyectos que llevan décadas en operación.
La sentencia también establece un precedente para otros casos similares en Colombia, donde comunidades indígenas enfrentan desafíos ante proyectos extractivos en sus territorios ancestrales. Según Juliana Bravo, abogada del caso, este fallo no solo reafirma el derecho a la consulta previa, sino que también resalta la importancia de la participación activa de las comunidades en la defensa de sus derechos.
Con este fallo, se abre un nuevo capítulo en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, quienes ahora cuentan con un respaldo contundente en la protección de sus tierras, culturas y modos de vida.
