Emilio José Tapia Aldana fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su implicación en dos casos de corrupción que afectaron los contratos del Estado. La condena, resultado de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, está vinculada al escándalo conocido como ‘Centros Poblados’ y a irregularidades en procesos contractuales de Emcali relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino.
Tapia Aldana aceptó de forma voluntaria su participación en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Como parte del acuerdo, también se comprometió a colaborar con la justicia y a restituir un total de 5.063 millones de pesos que fueron apropiados de manera ilegal. Hasta la fecha, ha devuelto 2.532 millones de pesos mediante títulos judiciales, y el resto lo cubrirá con dos pagarés, los cuales deberá presentar en 2025.
Caso Centros Poblados
El caso más conocido en el que Tapia Aldana estuvo involucrado fue el escándalo de ‘Centros Poblados’, que surgió en 2020 cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) lanzó una licitación para un contrato millonario destinado a dotar de internet a escuelas rurales en varias regiones del país. Tapia, en complicidad con otros actores, compró la experiencia de algunas empresas y creó la Unión Temporal Centros Poblados para ganar la licitación. Sin contar con las garantías bancarias necesarias, el consorcio logró la adjudicación del contrato, que ascendía a un billón de pesos.
Tapia gestionó y presentó pólizas bancarias falsas para recibir un anticipo de 5.063 millones de pesos. El dinero fue utilizado en gastos personales, incluyendo la compra de obras de arte, vehículos y el pago de honorarios a abogados.
Irregularidades en Emcali
Además de su participación en el caso ‘Centros Poblados’, Tapia Aldana también estuvo involucrado en fraudes relacionados con Emcali. En 2021, creó un consorcio con empresas de su propiedad para obtener contratos en la construcción de obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, en el Valle del Cauca. Tapia falsificó pólizas para garantizar el crédito de los contratos, lo que indujo a error a los funcionarios de Emcali, quienes avalaron los contratos por más de 6.200 millones de pesos.
La condena de Tapia Aldana representa un avance en la lucha contra la corrupción, pero aún quedan muchas preguntas sobre la magnitud de los delitos y los responsables de facilitar estos fraudes. El condenado continuará su prisión en un centro carcelario de Barranquilla mientras cumple su sentencia.
