La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición venezolana, solicitó este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación sobre las muertes de tres presos políticos detenidos tras las elecciones de mayo de 2023, en el contexto del fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro.
La coalición opositora, en su comunicado, subrayó que estos casos constituyen una violación grave de los derechos humanos y exigieron justicia para los fallecidos y sus familias.
Según la PUD, Osgual Alexander González Pérez, de 43 años, y su hijo de 19 años, murieron en prisión tras haber sido detenidos el 1 de agosto. La noticia se sumó a la muerte de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, quien había sido arrestado el 2 de agosto junto a su esposa, y la de Jesús Manuel Medina Martínez, de 36 años, quien falleció en noviembre, después de haber estado detenido desde el 29 de julio.
La oposición destacó que estas muertes se deben a la falta de atención médica en las cárceles venezolanas, algo que calificaron como un “crimen de lesa humanidad”. La PUD acusó al gobierno de Maduro de negarles la atención adecuada a los presos políticos, a pesar de que las familias de los detenidos hicieron públicos los reclamos y denuncias de negligencia. «La denegación de acceso a la salud ha ocasionado la muerte de varios ciudadanos, a quienes se les negó la debida atención médica, pese a las evidentes solicitudes de sus familiares», expresó el comunicado.
María Corina Machado, líder de la oposición, también reaccionó ante las muertes, afirmando que el gobierno de Maduro «los está matando, de una u otra forma». Machado denunció que estas vidas fueron arrebatadas por un «sistema criminal» que sigue violando los derechos humanos de los venezolanos, y reafirmó que la única forma de poner fin a la tragedia es “cumpliendo el mandato del pueblo en las urnas” y exigiendo justicia para las víctimas.
El último informe de la ONG Foro Penal, que monitorea las condiciones de los presos políticos en Venezuela, reveló que hay más de mil personas detenidas por razones políticas, muchas de ellas arrestadas tras las protestas por el fraude electoral. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, junto con los familiares de los presos, ha intensificado su lucha por la liberación de los detenidos, pidiendo al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que intervenga para garantizar la liberación de los presos políticos y se haga justicia en el caso de las muertes ocurridas.
Con estos recientes hechos, la comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos se mantienen atentas al desarrollo de la situación en Venezuela, mientras las víctimas de la represión continúan luchando por la justicia y la liberación de sus seres queridos.
