Son pocos los barranquilleros que se han percatado de la estrecha relación que pueda existir entre la precaria presencia del Estado en las zonas subnormales y el fenómeno de la violencia juvenil en las grandes ciudades de Colombia, como es el caso de Barranquilla.
Tampoco se detienen a analizar que una de las causas del incremento de la delincuencia juvenil puede ser el descontrolado crecimiento de la natalidad, lo que acrecienta las dificultades económicas de muchas familias que se radican en esos barrios marginales; es allí donde la falta de oportunidades tiende a transformarlos en violentos, un fenómeno que se presenta en la actualidad y tal vez se observará por mucho tiempo con los mismos signos de pesadilla social, ojalá nuestras autoridades se detengan a analizar este fenómeno que se ha entronizado en las ciudades más populosas de nuestro país.
Fue precisamente la violencia la que obligó a cientos de humildes ciudadanos a desplazarse hacia los grandes centros urbanos como Barranquilla, la mayoría procedentes de áreas rurales, con la salvedad que no todos llegaron con la consigna de conformar los grupos delincuenciales a los cuales ya nos habíamos referido en este espacio editorial.
No cabe duda que en lo referente a este tópico las autoridades gubernamentales y la fuerza pública deberán combinar esfuerzos y voluntades para otorgarles a esas familias –excluyendo a los malhechores– las suficientes garantías de seguridad y supervivencia, por cuanto no hacerlo se le está dando pie a los grupos delincuenciales la facilidad para agudizar y concretar sus actos ilegales.
La situación de los desplazados –por ejemplo– constituye un hecho para tener en cuenta, para ellos es necesaria toda la ayuda y colaboración posible y hacia ese objetivo deben centrarse los gobiernos nacional, departamentales, municipales y distritales, brindándoles facilidades para que así puedan nuevamente integrarse a la vida cotidiana y productiva, con mejores prerrogativas y condiciones.
Por eso insistimos a las autoridades en el cumplimiento de esa obligación, porque no se puede dejar de lado ni mucho menos olvidar esta problemática que hoy viven miles de familias en diferentes zonas por causa de la violencia.
Hay que celebrar que la actual administración distrital seguirá fortaleciendo los programas del Gobierno central y que en Barranquilla han tenido efectos positivos.
Afortunadamente en el caso de nuestra ciudad, existen algunos avances en cuanto a la complementación de ciertas metas; es así como los integrantes de las familias identificadas en la capital del Atlántico deberán alcanzar logros específicos en el 2025.
Resulta de singular importancia que los niños y los jóvenes estén vinculados al sistema educativo y mejor nutridos, muchos hogares tendrán un mejor alojamiento y algunos de sus miembros estarán mejor capacitados para asumir un empleo.
Muchas de las personas que integran los grupos familiares antes señalados, quedaron incluidas en el proyecto que los busca sacar de la pobreza, a través del mencionado programa social.
No obstante, para este plan es necesario garantizar no solo el cumplimiento sino fortalecerlo con mayores recursos para evitar que todo el esfuerzo que se ha implementado pueda perderse y se fracase en la intención de reducir la pobreza en muchos sectores y que al contrario esta crezca por encima de los registros actuales.
