El abogado y excontratista del Distrito de Cartagena, Jorge Bleel Cervantes, ha sido condenado a 75 meses (6 años) de prisión por su implicación en el delito de peculado por apropiación agravado.
La decisión fue tomada por el Juez Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, Luis Fernando Machado López, quien también impuso una multa de $2.756 millones y le prohibió el ejercicio de su profesión por el mismo periodo de la condena.
Bleel Cervantes, quien inicialmente gozaba del beneficio de detención domiciliaria, verá su situación modificada tras la sentencia, ya que el juez ordenó su traslado a un centro penitenciario para cumplir con la pena impuesta. Esta decisión se basa en la gravedad de su conducta, que atentó contra los recursos públicos y afectó los intereses del Distrito de Cartagena.
El caso surgió a raíz de una denuncia interpuesta por el exalcalde de Cartagena, William Dau, quien en 2019 reportó la pérdida de más de $19 mil millones del Distrito. La investigación implicó a varios exfuncionarios y contratistas, incluyendo a Bleel Cervantes, quien admitió haberse apropiado de 2.756 millones de pesos, que había retirado de un título judicial a favor del Distrito sin justificar su ingreso al patrimonio municipal.
Según las investigaciones, entre 2018 y 2019, Jorge Camilo Carrillo Padrón, exjefe de la Oficina Jurídica, otorgó poder a Bleel Cervantes y a la abogada Analicia Martelo Del Río para representar al Distrito en varios procesos judiciales. Los dos abogados cobraron un total de $19.9 mil millones de pesos en efectivo, sin que los fondos fueran ingresados a la Fiduprevisora para su destino legal. Este dinero debía haberse destinado al fondo de recuperación de títulos del Distrito.
El Juez resaltó que la conducta de Bleel Cervantes afectó gravemente a la administración pública y perjudicó los intereses del Estado, especialmente al desviar recursos destinados a áreas clave como el servicio de aseo y la salubridad pública, elementos protegidos por la Constitución. En su sentencia, también subrayó que la pena impuesta buscaba enviar un mensaje claro a la sociedad sobre el respeto a los dineros públicos.
Aunque Bleel Cervantes ha aceptado su responsabilidad, el futuro de los otros dos implicados en el caso, Carrillo Padrón y Martelo Del Río, aún está por definirse, ya que ambos mantienen su grado de implicación en el proceso.
