El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejó sin efecto la decisión de la ANI de no prorrogar el contrato al Grupo Portuario. La polémica persiste entre argumentos legales y acusaciones ambientales.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La controversia sobre la administración del Muelle 13 de Buenaventura sigue sin resolverse, luego de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendiera los actos administrativos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que negaban la prórroga del contrato con el Grupo Portuario por 20 años.
El fallo, que se dio a conocer en las últimas horas, respondió a la solicitud de suspensión provisional presentada por el concesionario, que busca validar la extensión del contrato mediante una demanda de controversias contractuales en curso. Según el Grupo Portuario, esta decisión es clave para garantizar la continuidad del servicio público portuario en el Muelle 13.
“Esta importante decisión es un paso fundamental en el proceso de ratificar la legalidad de los argumentos planteados por el Grupo Portuario S.A. punto a punto en la vía gubernativa, y protege la continuidad del servicio público esencial portuario que se desarrolla en la Unidad Operativa Muelle 13”, expresó el consorcio mediante un comunicado oficial.
El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando la ANI confirmó que no extendería la administración del muelle más allá de 2025, alegando supuestos daños ambientales en Buenaventura. Sin embargo, esta postura marcó un giro frente a su decisión inicial de prorrogar la concesión por 20 años. La determinación desató una serie de demandas legales que aún se dirimen en los tribunales.
En mayo de este año, el Consejo de Estado había rechazado una acción de cumplimiento presentada por el Grupo Portuario, que buscaba obligar a la ANI a extender el contrato. No obstante, el reciente fallo del tribunal departamental vuelve a poner en entredicho el alcance de las decisiones tomadas por la agencia gubernamental.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Transporte ni la ANI han emitido comentarios sobre el fallo judicial. Este lunes, la cartera de Transporte evitó pronunciarse sobre los próximos pasos en este proceso judicial.
Así las cosas, la disputa por la administración del Muelle 13 sigue enredada entre litigios legales, decisiones administrativas y preocupaciones ambientales. El caso no solo refleja los desafíos en la gestión portuaria de Buenaventura, sino también la tensión entre los actores gubernamentales y privados, que parece lejos de resolverse.
Y.A.
