La indagación se centra en un contrato por cerca de $10 mil millones para la compra de uniformes, con sospechas de posibles sobrecostos y posibles irregularidades.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Ana María Castaño Álvarez, quien ocupó el cargo de secretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por un millonario contrato relacionado con la adquisición de kits de uniformes para los empleados de la entidad. El acuerdo en cuestión, por un total cercano a los $10 mil millones, fue suscrito para la compra de prendas como gorras, chalecos, camibusos tipo polos y otros artículos destinados a los 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la UNGRD en todo el país.
El contrato en cuestión establecía que cada kit tendría un costo de $1’507.533 por persona, lo que sumaba un total de $9.999.466.389. La Procuraduría ha solicitado a la UNGRD toda la documentación relacionada con las etapas pre y contractual del proceso, incluyendo las propuestas presentadas por los oferentes y las evaluaciones realizadas sobre las mismas. El organismo busca determinar si existieron posibles sobrecostos en la contratación, lo que podría constituir una irregularidad administrativa.
Además, la Procuraduría examinará si las acciones de Castaño Álvarez se llevaron a cabo dentro del marco legal o si hubo elementos que justifiquen su conducta, lo que podría exonerarla de responsabilidad. El ente de control recolectará pruebas para continuar con la investigación y evaluar si hay base suficiente para abrir un juicio disciplinario.
El proceso también incluye otras líneas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción dentro de la UNGRD, mientras se esperan testimonios de funcionarios involucrados en el escándalo de corrupción que afecta a la entidad.
Así las cosas, la investigación abierta por la Procuraduría pone el foco en posibles irregularidades dentro de la UNGRD, particularmente relacionadas con el contrato de suministro de uniformes, y abre la puerta a sanciones si se comprueban los sobrecostos o prácticas corruptas asociadas a este proceso.
Y.A.
