El Gobierno colombiano condena la presencia de francotiradores denunciada por líderes opositores y exige a Venezuela respetar los principios del Derecho Internacional.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
El Gobierno de Colombia se pronunció enérgicamente contra el “asedio” reportado por seis líderes opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Según la denuncia, francotiradores han sido avistados en los alrededores de la sede diplomática, lo que ha encendido alarmas sobre la seguridad de los refugiados políticos.
A través de un comunicado, la Cancillería colombiana expresó su rechazo categórico ante estas acciones, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos y el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Colombia rechaza cualquier interpretación ambigua o práctica que contravenga el marco jurídico que sustenta la legitimidad del orden global. Nuestra posición es clara: los derechos humanos son universales, indivisibles y deben ser respetados en todas las circunstancias”, destaca el texto oficial.
El comunicado también incluyó una “solicitud expresa” al Gobierno de Nicolás Maduro para que garantice la seguridad de los seis asilados políticos y respete los principios del Derecho Internacional. La situación ha sido monitoreada en colaboración con las autoridades de Brasil, país que junto con Colombia ha ofrecido apoyo para custodiar la embajada y brindar protección internacional a los refugiados.
Además, el Gobierno colombiano recordó que, en reiteradas ocasiones, ha hecho un llamado a Venezuela desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se reintegre plenamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según Colombia, esta medida es esencial para fortalecer las garantías políticas fundamentales en la región.
El pronunciamiento de Colombia subraya la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales en medio de tensiones diplomáticas y pone en evidencia las responsabilidades del Gobierno venezolano frente a las normas internacionales. Este caso resalta la necesidad de soluciones regionales que garanticen la seguridad de los asilados políticos y el respeto al Derecho Internacional.
Y.A.
