En un intento por frenar la violencia juvenil, el gobierno de Gustavo Petro ha destinado más de $9.300 millones a su controvertido programa «Pagar por No Matar», dirigido a jóvenes de entre 14 y 28 años vinculados o susceptibles de unirse a bandas criminales. Entre mayo y octubre de 2024, a través del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, se han entregado $9.366.600.000 a 2.962 jóvenes, con el objetivo de reducir la criminalidad.
Sin embargo, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal ha expresado su preocupación por la efectividad de esta medida. Según su denuncia, el programa, que tenía como meta beneficiar a 100,000 jóvenes, ha alcanzado hasta el momento solo a 2.962 personas, y ha sido implementado en apenas seis ciudades, siendo Quibdó la que registra el mayor número de inscripciones.
Entre los beneficiarios, 862 son menores de edad (entre 14 y 18 años) que han recibido un total de $2.707.600.000. La senadora cuestiona si este tipo de medidas, como el pago directo por evitar el crimen, son realmente la solución a la problemática de seguridad, y se pregunta por qué no se prioriza la creación de empleos o la oferta de educación para estos jóvenes.
«Es un derroche de recursos públicos que no garantiza resultados, mientras miles de jóvenes siguen atrapados en el crimen», afirmó Cabal, refiriéndose a la situación del Chocó, donde la criminalidad sigue siendo un reto importante a pesar de la implementación del programa.
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En medio de estos cuestionamientos, persiste la incertidumbre sobre si «Pagar por No Matar» realmente contribuirá a la reducción de la violencia o si los recursos podrían haberse invertido de manera más efectiva en alternativas como el empleo o la educación.
