El gobierno de Nicolás Maduro ha respondido enérgicamente a las declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificándolas como un «ataque infame» contra Venezuela. Las acusaciones de Türk, quien denunció detenciones arbitrarias en el país y criticó la reciente Ley Simón Bolívar, han sido rechazadas tajantemente por el Ejecutivo venezolano, que las considera parte de una campaña promovida por la extrema derecha y el «imperio estadounidense».
En un comunicado oficial, el gobierno señaló que las declaraciones de Türk carecen de «sustento y objetividad» y defendió que Venezuela es un estado soberano que garantiza los derechos humanos. Además, aseguró que las instituciones judiciales actúan respetando la ley y otorgando beneficios procesales a los detenidos, aunque organizaciones no gubernamentales y familiares de presos políticos han cuestionado estas afirmaciones, denunciando falta de acceso a abogados independientes y otros abusos.
Volker Türk también expresó su preocupación por las restricciones impuestas a las ONG en Venezuela, advirtiendo que podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación. Estas críticas fueron desestimadas por el gobierno de Maduro, que acusó al alto comisionado de estar subordinado a intereses extranjeros que buscan desestabilizar el país.
Por otro lado, la líder opositora María Corina Machado agradeció a Türk por visibilizar las detenciones arbitrarias en Venezuela, que se han intensificado tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición.
Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha retomado parcialmente sus actividades en el país después de su expulsión en febrero. Sin embargo, Türk declaró que están trabajando para lograr un regreso completo a pesar de las tensiones con el gobierno venezolano.
La situación en Venezuela sigue generando preocupación a nivel internacional, mientras los enfrentamientos entre el gobierno y los sectores críticos mantienen un clima de tensión política y social en el país.
