El Gobierno enfrenta un nuevo panorama tras la clausura de la reforma tributaria, dejando un vacío financiero en el Presupuesto Nacional para 2025.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
El rechazo del Congreso a la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha encendido alarmas en los círculos políticos y económicos de Colombia. Este giro inesperado ha dejado al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 con un déficit financiero cercano a los 12 billones de pesos, obligando al Ejecutivo a replantear su estrategia fiscal para los próximos años.
El rechazo no solo se traduce en un vacío presupuestal, sino también en un golpe político significativo. Diego Guevara, el nuevo ministro de Hacienda, fue contundente al señalar que “se han negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al Presupuesto General”, dejando al Gobierno en una situación crítica. Alexander López, director de Planeación Nacional, agregó que esta decisión afecta directamente a los sectores más vulnerables, afirmando que “le dan un duro golpe a los más pobres y a las clases medias de nuestro país”.
¿Era necesaria la reforma?
Si bien el Gobierno defendía la reforma como un mecanismo para equilibrar el presupuesto, expertos y opositores han señalado la existencia de 92 billones de pesos sin ejecutar en el presupuesto de 2024, lo que cuestiona la urgencia de nuevos impuestos. Según datos del Ministerio de Hacienda recopilados por la firma Dapper, la ejecución presupuestal del año en curso alcanzó apenas el 80,8% al mes de noviembre, dejando una gran cantidad de recursos sin utilizar.
Este nivel de subejecución es el más bajo desde 2019, lo que ha generado críticas sobre la gestión de las finanzas públicas. Para Rémi Stellian, profesor de la Universidad Javeriana, este problema evidencia una desconexión entre el aumento del gasto público y su impacto real en la inversión. “Hay una cierta desconexión (…) esta reforma estaría centrada en un aumento de los ingresos fiscales sin disposiciones claras en cuanto a la manera de utilizar esos ingresos”, indicó Stellian.
Crecimiento del gasto de funcionamiento
Otro de los puntos críticos señalados por la oposición es el incremento en los gastos de funcionamiento, que han crecido de manera alarmante durante los últimos dos años. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, denunció que “el Gobierno en dos años aumentó el gasto de funcionamiento en 100 billones de pesos, lo que representa un aumento del 20%”.
El concejal y analista Daniel Briceño también cuestionó gastos que considera innecesarios, como los 5,4 billones de pesos destinados a la Unidad Nacional de Protección para esquemas de seguridad, incluidos 3,4 billones en escoltas y 1,8 billones en alquiler de camionetas blindadas. Asimismo, mencionó otros rubros discutibles, como los 1,2 billones de pesos en eventos y logística y los 145.000 millones destinados a pauta publicitaria.
¿Qué sigue para el Gobierno?
Con un presupuesto desfinanciado y una reforma hundida, el Gobierno deberá tomar decisiones drásticas para cumplir con la Regla Fiscal y los límites de deuda del país. Según Germán Machado, economista de la Universidad de los Andes, el Ejecutivo tendrá que recortar al menos 12 billones de pesos en enero de 2025, y otros 30 billones adicionales durante el año.
La prioridad, según Guevara, será mantener la estabilidad macroeconómica. El ministro aseguró que se buscarán alternativas responsables para ajustar los montos del presupuesto sin comprometer los programas sociales. Sin embargo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que estos recortes podrían impactar gravemente la inversión pública y los subsidios, afectando directamente a las regiones más necesitadas.
Un análisis hacia el futuro
La falta de ejecución presupuestal y el crecimiento desmedido de los gastos de funcionamiento ponen en evidencia problemas estructurales en la administración financiera del Gobierno. Aunque Petro ha defendido su enfoque como necesario para cumplir compromisos heredados, como la deuda de la administración anterior, el desbalance entre inversión y gastos de funcionamiento sugiere la necesidad de una política de austeridad más estricta antes de contemplar nuevas reformas tributarias.
En este contexto, expertos como Mateo Rivera, de la Universidad Eafit, destacan la importancia de priorizar programas esenciales para evitar que los recortes afecten el crecimiento económico y la recuperación tras la pandemia. Según Rivera, “sin una estrategia clara para redistribuir los recursos, el país podría enfrentar un retroceso en términos de desarrollo e inversión pública”.
El hundimiento de la reforma tributaria no solo abre un desafío fiscal, sino también una oportunidad para revisar a fondo las prioridades del gasto público en Colombia.
Y.A.
